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martes, 18 de septiembre de 2018

Como acertada recibe la industria aeronáutica la ratificación del doctor Juan Carlos Salazar (Director de la Aeronáutica Civil), quien en la elaboración de su plan estratégico – aeronáutico 2018 – 2030 incluyó en sus objetivos a la aviación general, está modalidad envuelve las operaciones de aviación civil diferentes de los servicios aéreos comerciales de transporte público y de trabajos aéreos especiales, como son, la aviación privada (individual o corporativa), instrucción de vuelo, deportiva, civil del estado y experimental.

Ahora bien, por aviación civil privada (aviación general) conforme lo señalan los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (“RAC”) se entiende la realizada por personas naturales o jurídicas con fines distintos a los comerciales, tales como deportivos, recreativos, o como elemento complementario de otras actividades industriales o comerciales como la aviación ejecutiva.

Entiéndase, que si bien es cierto el fin de la aviación privada – ejecutiva no tiene como propósito el generar ingresos para su explotador, también lo es, que la misma es motor decisivo para la generación de riqueza y desarrollo socio-económico para las pequeñas y grandes ciudades (cumbres internacionales, ruedas de negocios, desarrollo del objeto social de las empresas, inversión extranjera, entre otras).

Sin embrago, esta modalidad de aviación se enfrenta diariamente a múltiples desafíos locales los cuales deben ser superados con el fin de crear estándares y mejores prácticas en una industria tan dinámica y creciente como lo es la de la aviación en Colombia.

Dentro de una operación normal, un avión privado debe cumplir ante las autoridades gubernamentales (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, Unidad de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, Ueac, Migración Colombia y Policía Nacional – aduanas y antinarcóticos) con una serie de obligaciones de carácter legal y pecuniario y otras un poco más subjetivas carentes de sustento legal como la solicitud de documentos técnicos en relación con la aeronavegabilidad de la aeronave por autoridades sin competencia para ello, o la solicitud de pase de abordar en este tipo de operaciones.

Por lo anterior, se hace necesaria la creación de una política pública que perciba a la aviación privada como un aliado del Estado en la cadena económica, puesto que a partir de ahí se generan oportunidades de negocios en cuanto a mantenimiento, repuestos y servicios (FBO – Fixed Base Operator).

Estas políticas públicas también deben incluir el apoyo que podría brindar la aviación general durante desastres naturales, así como en crisis humanitarias, sin que ello se preste para confusión en relación con el tipo de operación. La capacidad y especificaciones de estas aeronaves les permite adecuarse a pistas de difícil acceso en relación con aeronaves de gran tamaño.

Por su parte los aeropuertos y terminales deben apoyar a este tipo de aviación, en la actualidad no existe consenso, hoy vemos como se les exigen a los pilotos de este tipo de aviación una serie de requisitos y/o permisos adicionales para pasar de la plataforma a los muelles del aeropuerto ¿es esto es facilitación? O peor aún el trato discriminatorio a aeronaves que ostentan matrícula extranjera y su correspondiente Certificado de aceptación de Matrícula Extranjera, el cual es desconocido en materia de cobros por parte de algunos concesionarios a estos explotadores.