lunes, 29 de noviembre de 2021
Mariana Mazzucato explica en su último libro ‘Mission Economy’ que los gobiernos han perdido la capacidad de servir eficientemente a la ciudadanía porque carecen de una misión clara en la gestión de los intereses público-privados. En su criterio, los gobiernos se dedican a hacer cosas que la gente no necesita y dejan de hacer las cosas que sí se necesitan, o las hacen tardíamente.
En su concepto, y como lo ha venido planteando la autora desde hace muchos años, uno de los papeles principales de los gobiernos es el de fomentar la innovación, tanto en el nivel público como el privado. Entendiendo que el Estado es el único capaz de generar cambios de gran dimensión en la economía y en la sociedad, a este, más que a nadie, le corresponde generar las capacidades suficientes para crear valor a partir de la innovación y canalizar dicho valor agregado hacia los sectores más vulnerables.
Siguiendo estos lineamientos, diríamos que el Estado moderno, en vez de mantener unas estructuras burocráticas para atender cada sector de la economía, lo que debe es simplificarse y concentrarse en promover canales entre la universidad, la empresa privada y el sector público para crear conocimiento nuevo en grandes cantidades y movilizarlo hacia la sociedad. El nuevo rol del Estado consiste en mantenerse inconforme con el statu quo y liderar los cambios necesarios para mover el estado del arte en cada sector de la industria o el comercio, sirviendo de motor de todo el aparato económico. La visión del Estado como principal promotor de la innovación implica un cambio estructural en toda la arquitectura de gobierno, pues los diferentes estamentos y las diferentes funciones deben repensarse bajo la idea nueva de que gobernar no es mantener, sino que gobernar es crear.
Desde el punto de vista sociológico, existen también ideas muy interesantes y refrescantes que tratan de explicar por qué se viene dando la ruptura social de los tiempos actuales, como las que se expresaron en el Festival de las Ideas celebrado recientemente en Villa de Leyva. Allí, Esteban Guerrero, Sandra Borda y otros analistas coincidieron en que existe un corto circuito en la comunicación entre gobernante y gobernado y propusieron, entre otros aspectos, cambiar el paradigma de un modelo donde el Estado comunica sus decisiones a un modelo donde el Estado conversa con la ciudadanía y promueve consensos. En ese sentido, sin llegar al extremo de desdibujar el ejercicio de la función pública en cabeza del Gobierno, lo que se empieza a vislumbrar es la necesidad de darle un mayor poder de diálogo y de decisión al ciudadano, al tiempo que ubicar la conversación gobernante-gobernado en un plano de igualdad y no en un esquema de subordinación, como viene siendo.
Los ciudadanos hoy tienen acceso a más información y son mucho más exigentes. Han ganado habilidad para detectar las noticias falsas y son más escépticos de las promesas politiqueras. El balance de la relación entre ambos lados de la ecuación está cambiando drásticamente y la única manera de llenar el vacío es dándole una mayor parte del poder político al ciudadano y generando mejores canales de relacionamiento que permitan una gestión conjunta de los problemas.
Lo interesante es que tanto la visión de eficiencia económica del Estado a partir de la innovación como la aproximación desde el lado de lo social conciben la necesidad de generar un nuevo modelo que vincule de manera más cercana la gestión de los intereses públicos y los intereses privados. Lo esencial es atenuar la rígida división entre lo público y lo privado para generar una gestión conjunta de los intereses nacionales y, en ese mismo sentido, empezar a diluir la separación gobernante gobernado.
