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OPINIÓN

OKRs para el sector público

28 de febrero de 2022

Canal de noticias de Asuntos Legales

John Doerr publicó en 2017 un libro interesante llamado ‘Mide lo que importa’, en el que desarrolla toda una estructura conceptual orientada a hacer que las empresas privadas actúen de manera ordenada en función de objetivos y resultados, para hacerlas más productivas y exitosas. De ahí nace el concepto de OKR, que busca enfocar la acción empresarial a través de estos Objectives and Key Results.

El modelo empieza por identificar los objetivos principales y las metas intermedias que caen bajo la órbita de cada gran objetivo. Definidos un número corto de objetivos y resultados clave, la empresa ha de establecer los ciclos de medición (trimestral, semestral, anual, otros) en los que la organización entera se concentra en evaluar el cumplimiento de estos, y determinar si los objetivos se mantienen, se modifican o se descartan.

La definición de objetivos no es una cuestión de simple rutina, sino que debe representar una operación de máxima relevancia en la que se involucran a fondo los directivos y los empleados a todos los niveles de la organización, de forma que los objetivos de cada área se alineen con los de las demás áreas a lo largo y ancho de toda la jerarquía empresarial. Cada objetivo debe quedar a cargo de un padrino o “pastor”, que se encarga de hacer seguimiento y de liderar lo necesario para reducir la resistencia al cambio y para evitar la procrastinación. Los objetivos clave incluyen objetivos aspiracionales, que son fines esenciales de gran envergadura, difíciles de cumplir, que normalmente sacan a los actores de su zona de confort y que constituyen ideales de orden estructural.

Si, a modo de ejercicio hipotético, viéramos al Estado como una empresa, e imaginamos que se somete al ritual de construir una gran madeja nacional de OKRs, nos llevaríamos grandes sorpresas.

Por un lado, y aunque el Estado parte de un diseño institucional ordenado desde la Constitución Política que agrupa funciones y entidades bajo la sombrilla de las tres ramas del poder público y las distribuye en los niveles nacional, departamental y local, y que se orientan también bajo el concepto de formulación de objetivos, difícilmente podemos hablar propiamente de un sistema nacional de definición de objetivos alineados entre sí a todos los niveles del Estado. Tampoco parece existir un mecanismo completo que involucre a la sociedad civil en la determinación de dichos objetivos, a pesar de que existen los mecanismos de participación ciudadana.

En efecto, a pesar de que existen múltiples instancias de planeación, el Estado carece de un sistema unificado de indicadores y de un esquema global y estructurado de seguimiento del cumplimiento de metas, en el que periódicamente se hagan cortes y se verifique el avance y la necesidad de redefinir los objetivos o de eliminarlos.

Por el contrario, cada año se aprueban más de 2.000 nuevas normas que incorporan nuevos objetivos a la hoja de ruta del país, sin que esa adición normativa venga aparejada de la eliminación de objetivos intrascendentes o superados, como debería ser.

En la teoría de los OKR, cada revisión de objetivos es una oportunidad para que el líder del proyecto o de la función respectiva haga su autoevaluación bajo un criterio de rendición de cuentas y reconozca las fallas y los puntos de mejora. Claramente, el hábito del reconocimiento público de las falencias no es uno de los fuertes de la cultura de la gestión de lo público, como tampoco lo es la incorporación de la sociedad, como parte directamente interesada, en la definición periódica de dichos objetivos y de las metas volantes.

Aunque la gestión de los intereses públicos no puede compararse con la administración de una empresa privada, existen varias similitudes que hacen que el ejercicio de mirar lo primero a la luz de los criterios de gestión de lo segundo haga sentido, al menos para intentar entender por qué con mayor frecuencia los Estados son incapaces de lograr sus objetivos, muy a pesar de los enormes esfuerzos colectivos que se implican ello y, eventualmente para propiciar cambios en la política pública y en la cultura de gestión de los intereses estatales.

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