La función de supervisión es una forma de intervención del Estado en la economía que implica restricciones y cargas para los particulares, por ello, debe tener origen en una ley expedida por el Congreso de la República (C.P. artículo 150-8). Si bien no existe una única definición jurídica, se entiende que la inspección se relaciona con la capacidad del respectivo ente gubernamental para solicitar y verificar informaciones, mientras que la vigilancia apunta a las labores de seguimiento y evaluación, y el control hace referencia ya al nivel más profundo de supervisión, el cual permite la posibilidad de tomar correctivos de fondo.
En el país operan más de 15 superintendencias que ejercen funciones de supervisión y otras funciones adicionales. Algunas superintendencias cuentan con facultades jurisdiccionales. En muchos otros casos, las superintendencias fungen como entes reguladores o sirven como administradores oficiales de registros públicos.
Por su parte, la función supervisora no es exclusiva de las superintendencias, sino que está irregularmente atribuida a otros entes públicos de diferente naturaleza (ministerios, agencias, entes territoriales, etc).
Para nadie es un secreto que dentro del abanico de entes supervisores existen grandes diferencias en materia de facultades, poder, nómina y presupuesto.
Mientras que las superintendencias más poderosas (Superindustria, Financiera, Sociedades) cuentan con suficientes recursos y marcos jurídicos relativamente fuertes para desempeñar sus funciones, otras están sometidas a presupuestos limitados y a marcos jurídicos débiles.
Es necesario que el país haga una revisión integral del modelo de supervisión de la actividad privada para sentar unos principios comunes a todos los entes que ejercen esa importante labor y para que dichos organismos operen con un marco jurídico homogéneo que permita nivelar por lo alto esta función legal. La mejora del modelo de supervisión debe apuntar también a hacerla más eficaz y a profundizar la capacidad preventiva, la cual es insuficiente aún en el caso de las superintendencias más fuertes, como lo demuestran los recientes descalabros de Estraval y Elite.
El caos normativo es de tal magnitud que cada organismo de supervisión se basa en leyes y decretos diferentes, que tienen aproximaciones jurídicas totalmente dispares y desarticuladas y que fijan procedimientos administrativos descoordinados, lo que contribuye a generar un ambiente de elevada inseguridad jurídica para los vigilados. Se hace evidente, asimismo, la necesidad de fortalecer las garantías procesales y revisar en conjunto los topes sancionatorios y la metodología para dosificar las sanciones.
Por último, debe diferenciarse de mejor manera la función reguladora de la supervisora y distinguir claramente las superintendencias de sector o de industria de aquellas con funciones más transversales que defienden a la sociedad en general. Los ministerios habrían de concentrarse únicamente en formular la política pública sectorial.
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