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Martes, 2 de diciembre de 2014

Imaginemos que pasados 10 años, esa persona recupera su libertad legítimamente y se reincorpora a la sociedad sin cometer nuevos delitos, como resultado del apoyo psicosocial que le ofreció el gobierno durante su paso por la cárcel. Pedro, estudiante, compra una bicicleta. La paga, pero nunca se la entregan. Presenta una demanda judicial, con base en el contrato verbal y el juez, en cuestión de dos meses admite la demanda, y ordena la práctica de pruebas. El proceso termina en ocho meses, condenando al demandado a devolver el bien, o pagar su valor con los intereses. Ante la negativa a pagar la condena por parte del vendedor incumplido, Pedro acude al centro nacional administrativo de ejecuciones judiciales, donde de inmediato proceden al embargo de cuentas bancarias, realizan el secuestro y remate, y obtienen recursos suficientes para el pago de la condena, lo que permite que se le devuelva efectivamente el dinero a Pedro en un lapso de 15 meses desde la presentación de la demanda.

En ese mundo irreal y utópico, los familiares y amigos de Pedro y de la víctima del ataque con ácido, le contarían a otras personas las buenas experiencias con la justicia y confiarían en que, de llegar a necesitarla, obtendrían un buen servicio público de justicia. Así mismo, otros colombianos beneficiados con una justicia pronta y eficaz, también le informarían a su entorno y así la buena bola de nieve crecería al punto de que la sociedad en general sentiría un ambiente de seguridad personal y familiar, y sentiría también un ambiente de seguridad jurídica para la realización de negocios y para la tenencia de la propiedad. Esa creciente fuerza trascendería fronteras y serviría para atraer inversión extranjera que colaboraría con el crecimiento de la economía. Si la justicia funcionara, habría menos evasión en los aportes al sistema de seguridad social. Si funcionara bien, más personas pagarían integralmente sus impuestos. El recaudo fiscal crecería exponencialmente y habría más dinero para generar infraestructura y empleo.

Si la justicia funcionara no habrían tantas tierras baldías e improductivas en manos de terratenientes y ocupantes ilegítimos. Si funcionara, la mayoría de los ocupantes legítimos de la tierra, tendrían sus propiedades registradas a su nombre y podrían incorporar dichos capitales en el sistema productivo y servirse de la bancarización.

Diariamente se celebran millones de negocios comerciales que se basan, todos ellos, en un contrato. Si la justicia funcionara, una mayor seguridad jurídica permitiría bajar el tiempo para emprender nuevos negocios y bajarían los costos en que hay que incurrir para hacer valer un contrato. Bajarían los precios de los bienes y productos del país y subiría la calidad de los mismos.

Si la justicia funcionara, muchos potenciales delincuentes desistirían de cometer delitos, aumentaría la seguridad y bajaría el gasto en seguridad.

Si la justicia funcionara, bajaría la corrupción, muchos desistirían de su idea de hacerle trampa a la ley y hasta se sentirían bien de hacer las cosas por el buen camino, sin apelar al “todo vale”.

Si la justicia funcionara no habría tanto empleo informal y habría menos universidades de garaje; la calidad de la educación sería superior.

Si la justicia funcionara, no proliferaría el carrusel del “yo te nombro, tú me nombras”, o las demás prácticas clientelistas que corrompen todo el servicio público, sino que se buscaría el ascenso profesional por la vía los méritos.

Si la justicia funcionara, los asesinos de Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez, Jaime Garzón, y los autores de las más de 1200 masacres realizadas en las últimas 3 décadas, estarían pagando sus condenas. Si funcionara, el 96% de los asesinos no estarían caminado tranquilamente las calles del país.

Si la justicia funcionara, posiblemente hoy en día viviríamos en paz, y el conflicto armado tal vez nunca se habría dado.