martes, 21 de agosto de 2018

Muchos repiten constantemente que Colombia es un país legalista, y lo plantean como si fuera un aspecto negativo de nuestra idiosincrasia. Sin duda, somos uno de los países que más leyes se expiden anualmente en el mundo. Nuestra Constitución Política es una de las más largas que se conozcan y es profusa en garantías y derechos.

Sin embargo, creo que el problema más serio que tenemos no está en el legalismo que está incrustado en nuestra cultura, sino en la falta de un sistema judicial que haga valer las leyes y normas que creamos. A pesar de que los abogados nos quejamos que el sistema jurídico es complejo y que también lo es el sistema judicial, la pura realidad es el problema central no está en la inmensa maraña de normas que tenemos vigente, ni en las cantidad de Altas Cortes y jurisdicciones que existen, sino en la incapacidad de aplicar o hacer valer las normas existentes a los casos concretos.

Somos formales y teóricos; sabemos escribir y describir, pero no sabemos resolver y aplicar. Es decir, nuestro defecto más serio está en lo que los gringos llaman enforcement. Allí está el meollo del asunto.

Por eso, la madre de todas las reformas necesarias es la reforma a la justicia, que es la principal institución llamada a hacer valer lo que está teóricamente dicho en las normas. No para crear más cortes, ni para desbaratar la estructura actual. Ni siquiera para darle más presupuesto a la rama, sino para lograr que el gasto se ejecute eficientemente.

La gran reforma de la justicia es operativa, antes que nada. Es una reforma que debe empezar por repensar todo el sistema en función del usuario final. Aparte de ser demorado, el servicio de justicia es costoso, complejo y lejano al ciudadano. La gran mayoría de los conflictos o de los asuntos que merecen ser resueltos por un juez, nunca se someten siquiera a su veredicto, pues la justicia formal es la última de las opciones para el ciudadano del común.

Por eso, lo primero para revisar es el tema de acceso al sistema. Con apoyo en la tecnología, y mediante la simplificación de los procedimientos, la justicia debe convertirse en un bien público esencial que se tiene a la mano y al que se pueda acudir con enorme facilidad y sin prevenciones o temores.

En ese sentido, la primera gran revolución del sistema está en el acceso, generando la credibilidad y la simpleza suficientes para que los colombianos nos sintamos a gusto y respaldados al momento de buscar apoyo en los jueces para resolver los problemas. Y digo que la reforma a la justicia puede ser la primera gran revolución para este país, porque a partir de la solución del problema de la justicia, podemos empezar a mejor muchos otros indicadores que no se refieren únicamente al servicio de justicia como tal. La reforma al servicio de justicia sirve, además que para mejorar el servicio, para ayudar en la lucha contra la pobreza. Igualmente, cumple un papel importante en la batalla contra la desigualdad.

En últimas, la reforma a la justicia es incluso más potente que cualquier reforma tributaria para generar crecimiento económico. Así por ejemplo, si se quiere dar impulso a la economía naranja, es indispensable mejorar el sistema de justicia, para permitir que los artistas y los pequeños y medianos emprendedores de las industrias creativas tengan bien protegidas sus creaciones, sus contratos y sus derechos y los puedan hacer valer de forma simple y eficaz.

Si el sistema es confiable, más y más emprendedores querrán invertir en nuestro país y en nuestro talento.