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Miércoles, 11 de julio de 2018

*Asociadopráctica corporativa y M&A Gómez-Pinzón.

El pasado 12 de junio el Presidente Santos anunció que a finales de julio del presente año iniciará el proceso de venta de Electricaribe. Dicho anuncio se presenta casi año y medio después de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tomara posesión de la compañía, al considerar que se habían materializado dos de las causales previstas para estos efectos en el artículo 59 la Ley 142 de 1994. Una vez intervenida la compañía, se contrató a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) para realizar una evaluación de la situación de Electricaribe e identificar la mejor estrategia a seguir.

El anuncio del presidente Santos revela la conclusión principal del estudio adelantado por la FDN y sus asesores, que se resume en la visión de mantener un único operador encargado de la distribución de energía eléctrica en el mercado regional de la Costa Caribe y por ende no fragmentar la compañía para atender distintas subregiones. La escogencia de esta alternativa es una decisión acertada y sin duda la más conveniente para la compañía misma y para los usuarios del servicio. Sin embargo, esta estrategia plantea diversos retos que deberán ser tenidos en cuenta en la estructuración del proceso de venta.

En primer lugar, se deberá hacer especial énfasis en la capacidad financiera y técnica de los potenciales adquirentes. La administración de una compañía como Electricaribe plantea retos a nivel operativo supremamente exigentes. Es necesario que los potenciales adquirentes acrediten experiencia técnica idónea y suficiente en la operación de compañías de distribución y comercialización de energía eléctrica. Adicionalmente, deberán acreditar que cuentan con el músculo financiero necesario para ejecutar las altas inversiones que requiere la compañía.

En segundo lugar, es indispensable que se revisen ciertos aspectos sobre el marco jurídico en el cual se desarrolla la operación de la compañía. De nada sirve traer un nuevo operador si no se solucionan los problemas fundamentales que llevaron en primer lugar a la crisis financiera de la compañía. Recordemos que al momento de la toma de posesión, Electricaribe era operado por un jugador estratégico a nivel mundial en materia de energía (todavía su accionista principal), con reconocidas capacidades técnicas y financieras para administrar una compañía de esta naturaleza. Sin embargo, en la medida en que no se solucionen problemas tales como: (i) el no pago del servicio de manera sistemática por parte de los usuarios (tanto privados como públicos), (ii) el reconocimiento de las pérdidas de manera más realista en la fórmula tarifaria (la Resolución 015 de 2018 de la Creg da un paso favorable en este sentido, pero todavía se aleja de la difícil realidad del negocio) y (iii) la imposibilidad de suspender y cortar el servicio de energía (tal como lo permiten los artículos 140 y 141 de la Ley 142 de 1995) ante el riesgo de afectar derechos fundamentales, será muy difícil que la compañía se convierta en un activo financieramente viable.

Finalmente, el proceso de venta de Electricaribe debe llevarse a cabo con las máximas garantías de transparencia y legalidad, especialmente de cara a los accionistas actuales, a los potenciales inversionistas y a los más de 2.6 millones de usuarios del servicio. Evidentemente, la venta de Electricaribe será uno de los primeros desafíos del próximo Gobierno, y el modo en que se desarrolle el proceso será un indicio del comportamiento que tendrá la nueva administración con los inversionistas extranjeros y con el manejo de los activos estratégicos del país.