Como lo sostuvo el Consejo de Estado en sentencia del 25/05/17, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, “el fin del Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP– es disponer de las funcionalidades tecnológicas para realizar procesos de contratación electrónicos, servir como punto único de ingreso de información y generación de reportes para las entidades estatales y la ciudadanía, contar con la información oficial de la contratación realizada, integrar el Registro Único Empresarial de las Cámaras de Comercio, el Diario Único de Contratación Estatal y los demás sistemas que involucren la gestión contractual pública, entre otros”.
Con base en esta definición, Colombia Compra Eficiente ha expedido circulares y directrices para ampliar la inclusión de sujetos obligados a publicar su actividad contractual. Esta ampliación se ha extendido a personas de derecho público y privado, independientemente de su régimen de contratación, por el hecho de administrar recursos calificados por la ley o la jurisprudencia como públicos.
Si bien el objetivo de publicitar los procesos de contratación con recursos públicos o asimilables es loable y facilita el control social, parte de un presupuesto errado: entender que el único mecanismo que asegura la transparencia es el SECOP.
Las competencias de Colombia Compra Eficiente se encuentran establecidas en el Decreto 4170 de 2011. Su objetivo es desarrollar e impulsar políticas y herramientas orientadas a la organización y articulación de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública, para lograr mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. Sus funciones están circunscritas a la contratación con recursos del Estado y no se extienden a todo tipo de recursos de naturaleza pública o asimilable. Por ello, la ampliación exagerada vía circular resulta cuestionable.
Además, el SECOP presenta retos operativos relevantes: dificultades diarias en el cargue, imposibilidad material de muchos sujetos obligados de cumplir el plazo de tres días por falta de personal o carga laboral, y el hecho de que la plataforma está diseñada para entidades públicas, por lo que la inclusión de otros sujetos ha exigido adecuaciones personalizadas, como ocurrió con las Cámaras de Comercio, para las cuales Colombia Compra Eficiente tuvo que adaptar el módulo de “régimen especial”.
La Ley 1712 de 2014 contiene una disposición que parece desconocida tanto por Colombia Compra Eficiente como por los órganos de control. El artículo 7 establece que los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas, en la web, la información a que se refiere la ley, incluida la información contractual que forma parte de la información mínima exigida por el artículo 9.
Por tanto, cuando existan dificultades con el SECOP o dudas fundamentadas sobre la obligación de publicar en esa plataforma, debe entenderse cumplido el requisito de transparencia con la publicación en la página web del sujeto obligado.
El cumplimiento del principio de transparencia no puede limitarse de manera formal al cargue en una plataforma específica. Debe garantizarse la finalidad efectiva de la norma: la publicidad y el acceso de todos los interesados a la información mínima en tiempo razonable.
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