sábado, 23 de marzo de 2019

Una de las tareas más importantes que una autoridad de competencia debe desarrollar es el fortalecimiento y la promoción del entorno competitivo de un país. Es así como la protección de la libre competencia económica no solo se logra a través de medidas coercitivas, sino también a través de mecanismos que aumenten la conciencia pública sobre sus beneficios. El conjunto de acciones que promuevan una cultura de competencia sostenible en la comunidad de consumidores y productores se conoce como defensa o abogacía de la competencia, término que fue inicialmente propuesto por Terry Murrisa en 2002 durante la conferencia anual de la Red Internacional de Competencia en Italia.

La defensa de la competencia se considera entonces como el poder blando o suave (soft power) de la política de competencia. Esta idea fue introducida por Joseph Nye en 2004 y se basa en el aprovechamiento de recursos de poder intangibles como la cultura, la ideología y las instituciones para el logro de objetivos estratégicos como la política exterior o la defensa. Es así como la protección del derecho a la libre competencia por medio la generación de una cultura de la competencia se ha popularizado en todo el mundo con experiencias interesantes y novedosas como la de la autoridad mexicana, quienes como parte de su estrategia de abogacía de la competencia diseñaron un conjunto de premios Cofece que promueven los principios y beneficios de esta política pública. El objetivo es lograr que más personas estén comprometidas con la competencia económica, que la practiquen y la promuevan desde los diferentes ámbitos económicos en los que se desenvuelven. Es así como a partir de 2014 lanzaron cinco modalidades de premios que incluyen ensayo, investigación, periodismo, comunicación visual y obstáculo regulatorio, logrando que estudiantes, académicos, periodistas, empresarios y ciudadanos en general se interesen e involucren en la generación de una cultura a favor de los mercados competitivos.

En Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio desarrolla actividades de abogacía de la competencia las cuales se enmarcan fundamentalmente en lo consagrado en el artículo siete de la Ley 1340 de 2009, el cual tiene como objetivo garantizar la dinámica competitiva en mercados regulados. En este sentido, la SIC educa a los destinatarios, divulga la normatividad vigente y asesora al Gobierno en temas de competencia. Sin embargo, aún hay mucho espacio para la implementación de estrategias que fortalecerían su labor de promoción de la competencia, por ejemplo a través de i) la realización de foros para la comunidad empresarial sobre temas importantes de la teoría y la práctica de la aplicación de la ley, ii) seminarios educativos para abogados, jueces y representantes de la comunidad empresarial sobre temas específicos de la política de competencia, iii) la colaboración con universidades en la creación de programas de formación a nivel de posgrado enfocados en temas de organización industrial y política de la competencia, iv) el fomento de la discusión académica en temas de competencia a través de la cofinanciación de proyectos de investigación, eventos académicos y premios, v) la promoción de programas de compliance en el sector empresarial, vii) la realización de estudios que permitan medir la efectividad y el impacto de la labor hecha en esta materia.

Cualquiera que sea la estrategia usada, los esfuerzos que la autoridad de competencia desarrolle para hacer que las agencias gubernamentales, el sistema legal, las empresas y el público estén más conscientes de los beneficios de la competencia y de la importancia de la política de competencia como un conjunto de acciones que protegen el bienestar de la población, deben estar dirigidos al logro resultados basados en la participación voluntaria de los agentes y a la creación de simpatía, afinidad y cercanía con la institución, porque es el poder de convencimiento más que el de coerción lo que puede ayudar a robustecer de manera estructural el entorno competitivo del país.