Esperemos que enero no sea el tráiler del 2025

El 2025 se presenta como un año lleno de retos para el país pues desde su inicio ha generado que la incertidumbre sea un elemento cada vez más presente. En efecto, a nivel interno existen claros retos como iniciar el año con un presupuesto desfinanciado, y a nivel internacional con las radicales posiciones de líderes en países que históricamente han sido un importante eslabón en la balanza comercial. Como si lo anterior fuera poco, el país se encuentra enfrentando un desbordamiento de la violencia a niveles que no se veían desde antes de la negociación del acuerdo de Paz y que en los últimos días ha derivado en la actual crisis que se vive en el Catatumbo.

Para nadie es un secreto que tras la debacle en el Congreso y la necesidad de expedir el presupuesto general de la Nación para este 2025 a través de decreto, el Ministerio de Hacienda se encuentra enfrentando una de las coyunturas más difíciles de los años recientes. Contar con un presupuesto que nace desfinanciado necesariamente implica la necesidad de revisar en qué sectores se deben realizar recortes e identificar posibles fuentes, ojalá realistas, que permitan atender las diferentes necesidades.

Al respecto se han realizado anuncios de “austeridad” como la reducción en los contratistas de las entidades del sector central y, medidas de flujo de caja como el retardo en el desembolso de obras de infraestructura que presenten retrasos. Si bien estamos en una situación en la que cada peso cuenta, se debe tener cuidado con qué contratistas son los que se “están dejando ir”. En efecto, la implementación de esta medida requiere mesura no solo en pensar en el ahorro en costos de funcionamiento, sino también en los costos que se podrían causar como consecuencia de la ausencia de las personas altamente calificadas que normalmente se vinculan al sector público bajo esta figura.

Ahora, pensar en austeridad no puede traducirse en la adopción de decisiones que parecieran ir contra el sentido común como el desfinanciamiento del sistema de salud. Además del temor generalizado del sector ante el anuncio del incremento en el valor de la UPC para este año, el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional genera aún mayores inquietudes en qué es lo que busca ahorrar el gobierno con la no atención de las necesidades financieras de la salud mediante los mecanismos diferentes a la UPC (giros que se deben realizar desde el Ministerio de Salud).

Sin embargo, todo lo anterior palidece frente a la situación de orden público que se vive en Catatumbo y que es el resultado directo del fracaso de los numerosos intentos de diálogos de paz y ceses al fuego unilaterales. Con la declaratoria del estado de conmoción y la emergencia económica, el presidente puede hacer uso de facultades extraordinarias que le permitirán atender de forma contundente las necesidades de la población afectada por el conflicto mediante medidas como el apoyo a las fuerzas armadas y la adopción de programas sociales. Sin embargo, es importante recordar que dichas facultades se encuentran limitadas a estas necesidades y no deberían ser utilizadas para aprovechar para sacar adelante los demás proyectos que mediante los mecanismos preestablecidos en nuestro ordenamiento no se han podido materializar.

Con todo lo anterior, solo nos queda esperar que durante el año se encuentren soluciones sensatas a los diferentes retos que se deben enfrentar y que el gobierno logre consolidar un equipo de trabajo que se encuentre a la altura para hacerlo.