martes, 5 de noviembre de 2013

El pasado 29 de octubre, en informe de prensa emitido por la Agencia Nacional de Minería, se presentó el estado actual de los proyectos mineros que se adelantan en Colombia. El informe señala el número de títulos mineros que tienen de minería a cielo abierto, minería subterránea, cuántos de ellos están en etapa de exploración, construcción y montaje, y cuantos en periodo de explotación. Con este informe se estableció cuánto dinero le produjo al Estado el sector, bien sea por canon superficiario, regalías u otras contraprestaciones, las cuales se destinan, en parte, a educación e innovación. 

Los impactos de la minería se reflejan exponencialmente en dos factores: el primero es el empleo y el segundo es el nivel de ingresos para el Estado. Por cada unidad productiva de pequeña y mediana minería se crean 34 puestos de trabajo, por lo que este segmento de la industria genera 315.000 empleos a nivel nacional, de ellos 41% directos y el resto indirectos. De otra parte, la gran minería reporta una generación de empleo por encima de 350.000 empleos, siendo 56% directos y el 44%, restante, indirectos. Lo anterior, denota que no es cierto lo que dicen los detractores de la minería, en el sentido que no es fuente de empleo. Este sector sí contribuye a la disminución de los índices de pobreza que flagelan el país. 

Otro factor que se analizó fue el ingreso económico que aporta la industria al Estado. El aumento del monto percibido, por concepto de canon superficiario, fue considerablemente más alto al pasar de $15.554 millones a $28.681 millones según el reporte a septiembre de este año. De acuerdo con el informe, esto se logra gracias a la fiscalización que adelanta la autoridad.

Es claro que, está cambiando la forma de pensar de los empresarios mineros, sobre todo en pequeña y mediana minería. Que sí pueden y están cumpliendo con lo que exige la ley y la autoridad, siempre que se los vigile. Esto por supuesto no ocurre con la explotación ilícita de minerales, que erróneamente denominan minería ilegal. El manejo ambiental es un punto muy importante y, por ello, los mineros son ahora conscientes del deber de protección de los recursos naturales, por lo cual, están implementando métodos de extracción sustentable. Cabe destacar que todo esto se debe gracias a las políticas del gobierno de exigir y a las buenas prácticas que emplean empresas serias y comprometidas con el bienestar de los ciudadanos. 

Todo indica que la institucionalidad minera está mejorando y esperemos que no se cambien los modelos de evaluación y las políticas del sector, creando inestabilidad jurídica. La autoridad ambiental, por su parte tiene la responsabilidad de avanzar en este tema a la par con la autoridad minera. La cartera ambiental debe adelantar los procesos de estudios de zonas mineras y agilizar los procesos de licenciamiento para los proyectos que realicen las compañías mineras, para que logremos ser un país competitivo a nivel internacional. 

En materia de la ocupación del territorio por la industria minera, el informe presentado por la Agencia Minera desvirtúa lo anotado por el estudio parcializado y desinformado que publicó la Contraloría este año, en el que se expuso que la tercera parte del país estaba afectada con proyectos mineros. 

El informe de la Agencia refleja la realidad actual. En este se expone que: el 35% de los títulos mineros se encuentran en exploración y el área total de ellos corresponde al 1.6% del territorio nacional. El 39% de los títulos se encuentran en periodo de explotación y el área con que cuentan asciende al 1% del territorio nacional. El restante de los títulos mineros se encuentran en construcción y montaje y comprenden un área de 1.6% correspondiente al total del territorio de la Nación. 

Lo anterior, significa que del total del territorio que está siendo intervenido por la industria minera, solo comprende un área correspondiente al 3.2% del territorio nacional y no a la tercera parte como se aseguró en el mencionado estudio. Así las cosas, es preciso señalar el avance en materia de cumplimiento de las obligaciones mineras en cabeza de los empresarios que se necesitan en Colombia. 

Es claro que los detractores de la industria se equivocan. La realidad presenta una situación diferente a la señalada por tales personajes quienes sin argumentos ni cifras ciertas invitan aun con actores de televisión, a cerrar filas en contra de la industria minera. El esfuerzo que deberían tener dichos actores, debería ser la de denunciar a los criminales que sin Registro Minero ni Licencia Ambiental realizan una explotación ilícita de los recursos.