miércoles, 22 de junio de 2022
La profesión de abogado dedicada a la función de apoyar la justicia social ha estado ligada a la lectura, aplicación e interpretación de los preceptos procesales. Ese matrimonio inseparable profesión-códigos procesales se logra luego de adaptar y comprender el lenguaje escrito del derecho procesal codificado. La tarea no es fácil para quienes empiezan a estudiar derecho y, mucho menos, para quienes estando activos pasan horas develando el sentido de un párrafo. Esta dificultad y experiencia se vive en las aulas de clase, la baja comprensión del derecho procesal y, por consiguiente, de las decisiones judiciales. Es una trilogía de deficiencia comunicativa que interfiere en varios espacios: el del ciudadano, el profesional del derecho y la solución de los problemas en manos del Estado.
El reto es: cómo lograr esa eficacia o, por lo menos, plantearla como un problema real en nuestra profesión.
Me referiré al lenguaje escrito (en otra ocasión lo dedicaré al lenguaje oral) como canal de comunicación. La comprensión de extensos artículos de los códigos procesales, de entrada, fomenta estas dificultades. Es como si el estilo y estructura del lenguaje escrito abonara el terreno de la dificultad comunicativa. Observemos ejemplos del Código General del Proceso, artículo 206, relacionado con el juramento estimatorio; y 322-323 relacionados con el recurso de apelación. La aplicación de estas normas ha generado dificultades en el aprendizaje académico y
para un profesional del derecho objetar, prever los límites de las pretensiones económicas, como de sus posibles sanciones resulta perturbador en la calidad de su comprensión para facilitar el acceso a la justicia. En el segundo ejemplo propuesto son mayúsculas las dificultades para lograr ubicar, en el trámite del recurso de apelación, la fase de sustentación del recurso.
Una propuesta podría ser la creación de un centro del lenguaje jurídico que pueda unirse a las iniciativas internacionales que dialogan sobre la opacidad del lenguaje en los preceptos jurídicos, decisiones judiciales, y en cualquier otro documento que lleve a la incomprensión de los destinatarios. En los años 70 surgió un movimiento Plain English Campaign que aún opera en Londres y Manchester, tiene por objetivo fomentar el lenguaje claro y conciso evitando la palabrería (influenciada por errores de sintaxis) y la jerga que supedita la comprensión.
Se recomienda utilizar un lenguaje sencillo que entienda la audiencia. Por ejemplo, si se va a proferir una sentencia, es mejor evitar, el lenguaje grecoquimbaya, rebuscado o rimbombante (recomienda el colega Diego López). Genera un efecto contrario, tales expresiones reduce las posibilidades de entendimiento para su auditorio, es el corsé que se autoimpone. Otro tip es entender la dificultad nocional. Se sugiere trabajar en equipo para acordar el mejor entendimiento o eliminar todas esas trabas de comprensión de los códigos procesales.
Pensando en el auditorio de los códigos procesales, podría pensarse en incluir una fórmula matemática o grafico de fácil comprensión a la hora de planificar la escritura de dicho precepto. Como dicen por ahí, “más vale una imagen que mil palabras”. Me temo que en el futuro los códigos procesales serán prototipos de gestión con menos escritura y más conectados con la solución y adaptación a los problemas reales.
