*Realizado en colaboración con Angela Pinzón, socia de NP Consulting Núñez Pinzón
El Decreto 0545 de 2026, estableció una serie de “directrices” para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, orientados a garantizar la gestión integral del agua, la conservación de los ecosistemas estratégicos y la adaptación al cambio climático.
Estas directrices son obligatorias para las autoridades ambientales y entes territoriales y el sector privado durante la planeación, prefactibilidad y realización de nuevas obras, proyectos e inversiones que se pretendan realizar en los municipios de influencia.
Si bien los objetivos del decreto son legítimos, en la práctica, trascienden el ámbito ecológico y proyectan retos significativos en su implementación que impactarán no solo la planeación territorial; sino también la inversión privada.
Uno de los retos principales, es que el decreto impone a las autoridades ambientales adelantar múltiples procesos de delimitación, cartografía, inventario y generación o actualización de información sobre humedales, bosques andinos, ecosistemas de subxerofitia, corredores ecológicos y áreas de restauración (muchos de ellos sujetos a plazos que se extenderán durante varios años), lo que podría generar distintos conflictos durante su implementación.
Mientras las nuevas delimitaciones son adoptadas y oficializadas, las autoridades, empresas y particulares podrían enfrentar no solo conflictos administrativos y diversas interpretaciones sobre las áreas disponibles o habilitadas para eventuales proyectos; sino que además se podrían presentar discrepancias en cuanto a los criterios técnicos aplicables, lo que conllevaría a mayores tiempos en la toma de decisiones.
Ello en la medida en que, por una parte, la información ambiental que servirá de base para el nuevo modelo de ordenamiento estará en construcción o actualización y será proveída por distintos actores (con visiones distintas del territorio); lo que podría generar desarticulaciones frente a la información proveída. Esto por cuanto existirán diversidad de metodologías, escalas cartográficas, fuentes de información e intereses territoriales que dificultarán la adopción oportuna de decisiones y prolongarán los procesos de concertación.
Así mismo, será complejo en la práctica entender qué limitaciones al uso del suelo son aplicables, teniendo en cuenta que algunos municipios ya han venido actualizando sus instrumentos de ordenamiento territorial y que en todo caso sufrirán dichos instrumentos sufrirán cambios cuya incorporación implica complejidades en materia administrativa.
Por lo tanto, el éxito del Decreto 0545 de 2026 dependerá no solo de la ambición de sus metas ambientales, sino de la capacidad de las instituciones para implementarlas mediante reglas claras, información técnica robusta y procesos de coordinación eficientes, sin desconocer la normativa ambiental vigente, ni la realidad territorial.
Así las cosas, el decreto presenta desafíos importantes pues particulares o empresas que hoy evalúan inversiones inmobiliarias, industriales, logísticas o de infraestructura podrían encontrarse, en el mediano plazo: (i) no solo con nuevas áreas protegidas, corredores ecológicos o zonas de restauración o limitaciones al aprovechamiento de los recursos naturales que modifiquen sustancialmente las condiciones de desarrollo de sus proyectos; (ii) sino con otro tipo restricciones en la implementación, que aumentan la incertidumbre respecto de los riesgos regulatorios asociados al territorio.
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