¿Y si sale más barato no llamarlo salario?

Un aumento salarial podría dejar al trabajador con menos dinero disponible y costarle al empleador más que el propio incremento. Aunque parezca contradictorio, este es uno de los posibles efectos del proyecto de Ley de Rescate Económico presentado por el Gobierno.

El efecto sobre el ingreso del trabajador puede ilustrarse con un peso. Si quien gana dos salarios mínimos recibe ese aumento, su cotización a salud pasaría del 4% al 5,5% sobre toda la base de su salario y no únicamente sobre el excedente. Tomando como referencia el salario mínimo de 2026, terminaría recibiendo cerca de $52.500 menos al mes, aun cuando su aumento hubiera sido de un peso. A esto se sumarían, para algunos trabajadores, cambios en el impuesto de renta y retención en la fuente, que también podrían reducir sus ingresos disponibles.

En las empresas, el aumento del costo podría ser todavía mayor. La exoneración de aportes a salud, SENA e ICBF, que hoy beneficia a ciertos empleadores por trabajadores que ganan menos de diez salarios mínimos, se mantendría completamente hasta dos salarios mínimos, sería parcial entre dos y tres y desaparecería por encima de tres. Así, un incremento de un peso sobre este último límite elevaría los aportes de la empresa del 6% al 13,5% sobre toda la base salarial, equivalentes a casi $394.000 adicionales al mes, tomando como referencia los valores de 2026.

A estas consecuencias económicas, graves por sí mismas, se suman posibles efectos en las decisiones laborales. Alrededor de los tres salarios mínimos, el salto en los aportes podría llevar a algunas empresas a aplazar aumentos o ascensos para evitar cruzar el límite. Para los trabajadores que actualmente reciben un poco más de tres salarios mínimos, podría surgir el incentivo de recomponer irregularmente los paquetes de remuneración, reduciendo su componente salarial y aumentando beneficios no salariales. Así, las decisiones relacionadas con el reconocimiento y el progreso de los trabajadores empezarían a depender de cuánto cuesta clasificar un pago como salario.

Los beneficios genuinamente no salariales son legítimos. Lo cuestionable sería recurrir a esa figura para encubrir pagos que, por remunerar directamente el servicio, tienen naturaleza salarial. La Dian ha precisado que el límite para acceder a la exoneración considera solamente los pagos salariales y no todo lo recibido por el trabajador. Sin embargo, el nombre que se le dé a un pago no determina su naturaleza. Si la clasificación de un pago empieza a obedecer al ahorro en aportes y no a su finalidad, podría abrirse un nuevo frente de controversias judiciales y administrativas.

En 2012, Colombia tomó el camino contrario. La reforma creó el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), y redujo en 13,5 puntos porcentuales los aportes asociados a ciertas nóminas para facilitar la contratación formal. Aunque posteriormente el CREE desapareció como impuesto independiente, la exoneración permaneció en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

Un estudio del Banco de la República estimó que esa reducción contribuyó a generar cerca de 213.000 empleos formales en empresas existentes. Este antecedente resulta útil para considerar los posibles efectos adversos de recuperar esas cargas sobre la creación de empleo formal.

En medio de este panorama, con una informalidad del 54,8 % entre junio y agosto de 2026, la discusión debería tener en cuenta los incentivos que crea el proyecto. La seguridad social necesita recursos, pero también empleos formales y condiciones para que quienes ya trabajan puedan progresar.

Una norma que encarece abruptamente los aumentos salariales evidentemente podría ser un obstáculo para la formalización, pero también para hacer más difícil el crecimiento salarial en esos umbrales que según la exposición de motivos del mismo proyecto, corresponde el 90.7% de la población trabajadora dependiente.