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martes, 25 de noviembre de 2014

Por ello se prendieron las alarmas dentro de la 69° Asamblea General de las Naciones Unidas, donde los grupos de representantes de gobiernos del mundo tuvieron como objetivo acelerar la entrada en vigor del Convenio para la erradicación de la pobreza, el combate al terrorismo, y la mitigación del cambio climático, y se adquirieron compromisos para controlar el uso y abuso del mercurio en diversas actividades entre otras la explotación ilegal.

Así mismo, el gobierno nacional, tomó medidas, como la adoptada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de mediante Decreto 2261 del 2 de noviembre del 2012, en el cual se establecieron condiciones para regular, registrar y controlar la importación de la maquinaria que incluyen las excavadoras, cargadoras, compactadoras, etc. Dentro de los sistemas de monitores se contempló que la maquinaria que se importe deberá contar, de manera previa a su inclusión en el Registro Único Nacional del Tránsito - RUNT, y con un sistema de posicionamiento global (GPS) u otro dispositivo de seguridad y monitoreo electrónico, instalado de manera permanente, de conformidad con los requerimientos técnicos que para el efecto estableciera la Policía Nacional. Por ello la maquinaria que no cumpliera con los requisitos exigidos debía ser inmovilizada por la Fuerza Pública y puesta a disposición de la autoridad de tránsito competente.

Aunque esta disposición legal trae seguridad y tranquilidad tanto a los propietarios de la maquinaria como a la sociedad en general, por contar con sistemas GPS en los vehículos, brinda protección al patrimonio de las compañías, evita obras ilegales en zonas urbanas y rurales, y permite gestionar adecuadamente los vehículos para optimizar sus procesos, pero esta medida sin duda aumentó la inversión de quienes realizan la minería de manera formal, y deben adquirir dichos equipos. Así mismo, la Policía expidió el Decreto  2086 del de 30 de mayo de 2014, en el cual se establecen las condiciones técnicas para los equipos de posicionamiento global GPS. Por su parte, la Contraloría General de la República, cuestionó la eficacia de la lucha contra la minería ilegal, por parte de la Policía Nacional, pues se argumentó que no ha procedido con la eficiencia necesaria. La preocupación del ente de control se sustentaba en que prácticamente a diario se moviliza maquinaria pesada en diferentes regiones del país para destinarla a la extracción ilegal de diversos minerales, y a la fecha no se había controlado la depredación.

En la actualidad como se puede observar, existe al menos en ordenamiento jurídico herramientas para hacerle frente a este delito y solo el tiempo lo dirá, si una actividad tan rentable en términos económicos podrá ser controlada, cuando tiene aristas que vinculan grupos armados al margen de la Ley, narcotráfico, etc., y que se trata de una actividad ilegal que no fue atacada desde sus inicios.