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Viernes, 31 de agosto de 2018

Dentro de los múltiples daños colaterales que comienza a generar el escalamiento de la guerra comercial, se destaca el efecto negativo en el sector agrícola estadounidense que se ha convertido en el centro de las retaliaciones tarifarias adoptadas por México, Canadá, Europa y China, en respuesta a los sobre aranceles impuestos desde la Casa Blanca.
Por ejemplo, la soya que se ha posicionado como el principal rubro de producción agrícola en EE.UU. con más de 116 millones de toneladas, sufrió un duro golpe tras los aranceles impuestos por China, que se tradujo de inmediato en una fuerte caída de precios. Por su parte, compañías productoras de leche y quesos, ya han visto reducidas sus exportaciones debido al arancel de 15% aplicado por México, uno de sus principales destinos de exportación. En el caso de la carne de cerdo, varias empresas ven amenazadas sus inversiones debido al sobre arancel de 10% impuesto por México a los cortes de carne refrigerada y congelada y las tasas de 25% adoptadas por China.

Pero los desequilibrios comerciales no solamente afectan a los productores norteamericanos. En un mercado de gran sensibilidad a los choques externos como el agrícola, las medidas arancelarias impuestas por China rápidamente se hicieron sentir en Brasil, donde la industria avícola se ha visto enfrentada a fuertes incrementos en el costo de los insumos, particularmente harina de soya y maíz, cuyos precios se incrementaron entre 40% y 50% debido a la demanda inusitada desde China, que busca reemplazar con producto brasileño las compras a EE.UU.

Frente a los desbalances que ya empieza a mostrar la guerra comercial en el sector agroindustrial, los mercados están en alerta máxima y las medidas de defensa comercial surgen como una alternativa legítima para corregir las distorsiones que afecten determinados sectores productivos. Estos procedimientos se enmarcan en las disposiciones de la OMC (Acuerdo sobre Salvaguardias, Acuerdo Antidumping y Acuerdo sobre Subvenciones y Derechos Compensatorios) y de los capítulos de Defensa Comercial pactados en los Tratados de Libre Comercio, que facultan a los gobiernos a aplicar medidas que corrijan prácticas desleales de comercio, en el caso del dumping y las subvenciones, o distorsiones causadas por incrementos súbitos de importaciones, en el caso de las salvaguardias.

Una mirada regional, muestra que nuestros socios de la Alianza del Pacífico (México, Perú y Chile) en los últimos años han activado estos mecanismos, al tiempo que han mantenido un ritmo de exportaciones agroindustriales crecientes. Chile por ejemplo, cuyo sector lácteo ha mostrado un importante desarrollo exportador, en abril de 2018 adoptó provisionalmente una medida de salvaguardia a sus importaciones de leche en polvo y queso gouda, en la forma de un sobre arancel de 15%.

Por su parte, Perú ha avanzado en el desarrollo de investigaciones para contrarrestar prácticas de subvenciones. En 2017 impuso derechos compensatorios al Biodiesel de Argentina y EE.UU. y en la actualidad adelanta investigaciones por subsidios al maíz amarillo y etanol originarios de EE.UU. México en 2017 inició la revisión quinquenal de los derechos antidumping impuestos desde 2012, a la piernas y muslos de pollo originarios de EE.UU.

La experiencia internacional nos muestra que en un escenario en el que las tensiones comerciales se recrudecen a diario y aún son inciertos los efectos en las economías de la región, no debe perderse de vista que para hacer frente a eventuales distorsiones en un sector tan sensible como el agrícola, existen mecanismos legítimamente pactados y regulados por la OMC a los cuáles es posible acudir, por supuesto cumpliendo los procedimientos establecidos y el sustentos técnico necesario, que garanticen la legitimidad de dichas medidas.