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martes, 29 de junio de 2021

Coautora: Roberto Camacho

Todos los días son relevantes para recordar, insistir y realizar acciones tendientes a que exista un mundo más equitativo, el cual acepte la diversidad en todas sus manifestaciones y dimensiones, por lo que siempre es oportuno generar un espacio de conmemoración y recordatorio sobre estos asuntos, el camino que falta por recorrer y los pequeños pasos que hemos dado hacia adelante como sociedad.

En el sector de infraestructura, desafortunadamente, la necesidad de ejecutar acciones tendientes a reconocer e incluir mecanismos que procuren la diversidad y la equidad habían sido factores lejanos o limitadamente aplicados. No obstante, resulta muy positivo ver que al menos en esta materia el status quo se ha ido movilizando hacia un lugar distinto.

Así, entendiendo que la infraestructura nos permite comunicarnos, movilizarnos, conectarnos y desarrollarnos como sociedad, cualquier impacto que se genere a través de ella es significativo para todos, por lo que se han comenzado a incorporar en los procesos de contratación pública factores de desempate como incentivo para el avance de las acciones afirmativas de los cuales las mujeres, personas Lgbtiq+, ancianos, comunidades marginadas y personas con discapacidad pueden verse beneficiadas.

Todo esto surge de los desarrollos que se han producido en las últimas décadas movilizando a las sociedades para que sean más accesibles y diversas, acogiendo personas con base en la existencia de la diferencia y el valor de la identidad propia del individuo. Hemos visto cambios positivos en materia de derechos y acceso a oportunidades para las mujeres, minorías étnicas, personas Lgbtiq+, de color, y con discapacidad, entre otros. Muchos de estos cambios se han logrado a través de acciones afirmativas, que son discriminaciones positivas que buscan equilibrar la balanza para aquellos grupos históricamente desfavorecidos.

De acuerdo con el Infrastructure and Projects Authority del Reino Unido, los aspectos ambientales, sociales, de género y discapacidad de los proyectos son a menudo beneficios no cuantificables, pero cuya importancia es preponderante para el éxito de un proyecto. Es decir, son beneficios que no se monetizan, pero que se deberían incluir en la planeación de los proyectos para causar un mayor impacto y beneficio en términos económicos y sociales, lo que redunda en un uso más eficiente de los recursos disponibles.

En Colombia el camino recorrido en esta materia inició hace algunas décadas y cada vez toma mayor fuerza desde la fase de estructuración de los proyectos, así resulta valioso resaltar a título de ejemplo que dentro de esos primeros pasos estuvo el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 que introdujo el factor de desempate de ofertas de proponentes que acreditaran 10% de su nómina en condición de discapacidad.

Por su parte, en tiempos más recientes el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 introdujo nuevos factores de desempate con enfoque de género (como proponentes mujeres cabeza de familia, víctimas de la violencia intrafamiliar o de personas jurídicas en las cuales participen mayoritariamente o proponentes plurales donde tenga un 25% de participación), personas de la tercera edad (proponentes que demuestren una mayor inclusión de estas personas a su nómina), personas en proceso de reinserción (proponentes que sean estas personas, o personas jurídicas en las cuales participen mayoritariamente, o proponentes plurales donde tengan un 25% de participación) y grupos históricamente discriminados (proponentes con un 10% de su nómina compuesta por personas de raza negra, afrocolombianos, raizales, palenqueros, indígenas y rom).

Igualmente, dentro de los borradores de documentos Conpes con los lineamientos para la nueva generación de proyectos de infraestructura, se han planteado varios criterios de sostenibilidad social para los proyectos, incluyendo un enfoque de género con el fin de emplear y capacitar mujeres en labores relacionadas con la construcción.

La inclusión de nuevos factores de desempate en los procesos de contratación pública es un buen incentivo para el avance de acciones afirmativas, generando nuevas capacidades y oportunidades para estos grupos de personas. Adicionalmente, el enfoque de género es una gran iniciativa que busca romper con el rol tradicional de la mujer en los proyectos, otorgándole la oportunidad de transformar el tejido social al asumir roles tradicionalmente masculinos.

No obstante, el camino no está completo. Sigue siendo necesario que las políticas públicas y las normas abran el espacio de forma afirmativa a la participación de población perteneciente a la comunidad Lgbtiq+, afrodescendiente y otras comunidades tradicionalmente marginadas. Resaltamos que no se trata de diseñar o estructurar proyectos imposibles de ejecutar, pues es claro que cada proyecto de infraestructura requiere especiales capacidades para su ejecución, pero si es necesario migrar a un camino donde afirmativa y positivamente no exista diferencia ni discriminación de ninguna especie en quienes son los llamados a participar en un proyecto y aquellos a los que corresponde apropiarlo para su exitoso desarrollo, lo que en últimas se traduce en caminar hacía una infraestructura sostenible y una Colombia más equitativa.

En resumen, vamos bien pero podemos mejorar a través de la infraestructura como industria generadora de transformación social, aportando las herramientas y fundamentos para que nuestra sociedad avance hacia un futuro mejor.