lunes, 30 de septiembre de 2019
La semana pasada, como ha venido ocurriendo los últimos años, nuevamente Asonal Judicial anunció un nuevo paro judicial por 48 horas que se realizará este miércoles 2 y jueves 3 de octubre. Este anuncio de cese de actividades de carácter nacional significa que por dos días no habrá atención al público en los juzgados del país y sólo serán atendidas las tutelas asociadas al derecho a la vida y la salud, los trámites de habeas corpus, levantamiento de cadáveres y las audiencias de control de garantías con detenido.
De acuerdo con los comunicados oficiales, este paro es producto de la crisis que atraviesa la rama judicial por cuenta del bajo presupuesto y la falta de infraestructura y ayudas tecnológicas necesarias para la adecuada prestación del servicio.
Si bien durante la semana que pasó hubo varias reuniones con el Gobierno y los sindicatos de los trabajadores de la justicia, lo cierto es que de no llegar a acuerdos serios con el Gobierno el paro puede prolongarse por más tiempo, con el riesgo de llegar a una situación tan crítica como la que ocurrió hace siete años.
La historia de nunca acabar. Año a año los funcionarios judiciales reclaman mejores condiciones laborales. De acuerdo con los comunicados, entre las peticiones de este nuevo paro, además del aumento presupuestal para la Rama Judicial, se encuentran: El incumplimiento de los acuerdos pactados en los años anteriores, el aumento en la carga laboral, la falta de funcionarios de planta, la eliminación en la última reforma tributaria de la exención que tenían los jueces al incrementar la base gravable y la necesidad -afirma Luis Fernando Otálvaro, presidente de Asonal Sindicato de Industria- de una reforma a fondo del sistema de justicia.
La administración de justicia es un servicio público esencial y, sin lugar a dudas, uno de los mecanismos para mantener el equilibrio y armonía social. Es lamentable que, año a año, se repitan las mismas reclamaciones y que, al parecer, no haya un remedio lo suficientemente efectivo que permita no solo unas adecuadas condiciones para los funcionarios judiciales, sino una adecuada prestación del servicio para los usuarios del sistema judicial. La afectación que estas medidas tiene en los ciudadanos que esperan lograr resolver sus conflictos es enorme.
El Gobierno debe buscar activamente soluciones para las distintas problemáticas que atraviesa la justicia y, los trabajadores de la rama judicial (que tienen más que justificadas muchas de sus reclamaciones) ser conscientes de que la solución a sus reclamos debe ser progresiva y que no se trata de un “simple aumento presupuestal”. Los problemas de la justicia deben resolverse de fondo para que las soluciones sean duraderas. El país necesita un sistema judicial eficiente y constante, por lo que indiscutiblemente deben construirse acuerdos que se puedan implementar de acuerdo con la realidad del país, dejar de lado los paños de agua tibia y las soluciones transitorias. Buscar implementar acciones que generen una mejora progresiva que no cause mayores impactos fiscales. Lamentablemente, el impacto que estos paros tienen es incalculable. La mora judicial es constante y los paros la incrementan. Pero lo más grave de esto, es el impacto que una Rama Judicial marchita tiene en la sociedad, la falta de confianza y respeto a la majestad de la justicia y los conflictos sin resolver que llevan a la desconfianza de los ciudadanos en la única rama del poder público que está diseñada para proteger y salvaguardar sus derechos.
