martes, 17 de mayo de 2022
Recientemente distintas voces han reiterado la importancia de proteger la independencia y capacidad técnica del Banco Central, especialmente de su Junta Directiva. Local e internacionalmente la robusta institucionalidad del Banco de la República es reconocida, y su Junta Directiva, ahora y antes ha sido integrada por profesionales de las más altas calidades que han garantizado su desempeño riguroso e independiente. Dichas voces también resaltan que proteger esa institucionalidad no es sólo una discusión teórica sobre el mejor modelo de gobernanza y funcionalidad de la banca central. El desempeño independiente, orientado por los mejores propósitos del país, favorece a la economía en general e impacta los intereses del ciudadano de a pie.
Esas mismas consideraciones podrían ser extendidas, atendiendo el contexto y particularidades de cada entidad, a otras instituciones que conforman la red de seguridad financiera. La Superintendencia Financiera (SFC), Fogafín y la Unidad de Regulación Financiera (URF), han sido desde sus respectivos roles, entidades fundamentales en la estabilidad financiera y de los mercados del país. La Superintendencia Bancaria, precedente, junto con la Superintendencia de Valores de la actual SFC, nació, como el Banco de la República, con la Misión Kemmerer. El modelo colombiano, como el de algunos países de la región, separó la banca central de la función supervisora. Fogafín surgió varias décadas después y recientemente lo hizo la URF, como evolución institucional de la antigua Dirección de Regulación Financiera.
La SFC es la entidad a través de la cual el Presidente de la República ejerce la función constitucional de inspección, vigilancia y control sobre las instituciones que conforman el sistema financiero. Por su parte, la URF tiene la función de elaborar los proyectos de decreto y de ley (de iniciativa gubernamental) relacionados con los sectores financiero, bursátil y asegurador. Esas autoridades han impulsado una intensa agenda que ha incluido, entre otros, la adopción de nuevas metodologías de supervisión, la convergencia a los más altos estándares en regulación prudencial para preservar la estabilidad financiera, los desarrollos normativos que ha requerido la transformación digital y la innovación en la prestación de servicios financieros, la integración de mercados de capitales, la protección al consumidor y el impulso a la inclusión.
La SFC, a pesar de no contar con los atributos que brinda la estructura de gobierno del Banco de la República, como son un órgano colegiado en su cabeza (aunque cuenta con un órgano consultivo) y las reglas para la designación y período de sus miembros, ha tenido un desempeño técnico e
independiente, especialmente en los momentos más complejos que han enfrentado la economía y el sistema. Esa independencia, más que surgir de un marco normativo especial (que ha tenido algunos desarrollos, como el previsto en el Decreto 1817 de 2015), ha sido el resultado de una institucionalidad y gobernanza también robustas, del liderazgo en la entidad y del reconocimiento a la experiencia de su equipo y al relevante rol que cumple el organismo.
Sobre ese organismo el FSAP 2022 señaló que “la independencia operativa de la SFC ha mejorado en gran medida”, pero igualmente planteó que deberían considerarse salvaguardas adicionales, referidas al período mínimo del Superintendente, las causas de remoción, y protecciones legales frente a medidas adoptadas de buena fe.
Es necesario retomar esa tarea, buscando que las funciones de supervisión y normativa en cabeza del Gobierno, manifestaciones muy relevantes del poder estatal, continúen siendo ejercidas con criterio técnico, independencia y objetividad. Pero especialmente ese propósito se logra preservando el perfil técnico de las personas que integran y lideran estos equipos. Su trabajo no sólo tiene efectos en los análisis que inversionistas, calificadoras y expertos hacen de nuestro país. También influye positivamente en la vida de todos y cada uno de los colombianos.
