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Jueves, 25 de septiembre de 2014

El marco jurídico internacional que garantiza la negociación colectiva en el sector público lo conforma el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, número 151, adoptado en 1978 y el Convenio sobre la negociación colectiva, número 154, adoptado en 1981, como podemos observar acordados en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por gobiernos, empleadores y trabajadores, hace más de treinta años. 

El gobierno de Colombia en cumplimiento de sus obligaciones con la OIT los sometió, en su momento y de forma oportuna, a consideración del Congreso de la República para que les diera forma de Ley o adoptara las medidas que estimara pertinentes, la sugerencia del ejecutivo al legislativo fue la de no aprobarlos en razón a que el país no estaba preparado para garantizar este derecho. 

En sucesivas oportunidades, y mediante diversos mecanismos, las organizaciones de trabajadores solicitaron al gobierno de Colombia que garantizara la negociación colectiva en el sector público. Fue solo hasta 1997, como producto del Paro Laboral Estatal y solo por este acontecimiento, que el ejecutivo accedió a la pretensión de las organizaciones sindicales de presentar nuevamente a consideración del Congreso de la República estas normas internacionales del trabajo (NIT) con un ingrediente adicional, que esta vez la indicación y el lobby del gobierno debía apuntar a que el Congreso de la República los aprobara. 

El gobierno de Colombia volvió a presentar a consideración del Congreso de la República los Convenios 151 y 154 de la OIT, de allí surgen las leyes 411 de 1997 y 524 de 1999, respectivamente, las que habilitaron a nuestro país para depositar el instrumento de ratificación ante la OIT, acto que se llevó a cabo en el mes de diciembre del año 2000. Todo pareciera indicar que cumplido este trámite, de casi dos décadas, en nuestro país se garantizaría la negociación colectiva en el sector público. Sin embargo, no fue así, las organizaciones de trabajadores del sector público presentaban pliegos de peticiones o peticiones respetuosas y les eran devueltas por los directivos de las Entidades del Estado argumentando que en Colombia aunque se habían ratificado los convenios 151 y 154, aún no se habían reglamentado. 

Fue en la Administración distrital, que dirigían los actuales Ministro de Trabajo y Viceministro de Relaciones Laborales, Luis Eduardo Garzón y Enrique Borda Villegas, en donde se demostró con voluntad política, responsabilidad fiscal y tino jurídico, que la negociación colectiva en el sector público ya contaba con el marco necesario para hacerla efectiva, crearon el Comité Distrital de Diálogo Social y Concertación, mediante el Decreto 137 de 2004, escenario en el cual fueron atendidas las peticiones de los sindicatos mediante un proceso de diálogo social, que culminó con la adopción del Acuerdo Marco Colectivo de Relaciones Laborales en el Distrito Capital, en el que se abordaron temas como salarios, carrera administrativa, seguridad y salud en el trabajo, garantías y permisos sindicales.

Este Acuerdo sirvió de ejemplo al Gobierno Nacional para que impulsara un proceso de diálogo social con las organizaciones más representativas de trabajadores del sector público con el objetivo de reglamentar la negociación colectiva en este sector, que se tradujo en la adopción inicialmente del Decreto 535 de 2009 y posteriormente en el 1092 de 2012.

Pasaron treinta años y muchas protestas para que el derecho a la negociación colectiva en el sector público en Colombia fuera una realidad y finalmente lo que lo hizo posible fue la voluntad política para el diálogo social, voluntad que aflora ante el conflicto o que nace de la convicción demócrata en el diálogo social. En el primer caso, el diálogo social es casi un salvavidas para la paz laboral, allí se llega por la fuerza de los acontecimientos. En el segundo caso, el diálogo social es una herramienta para la construcción y fortalecimiento de la democracia, de la gobernanza y el trabajo decente.

¿Queremos llegar al diálogo social obligados o por convicción?.