Samuel Hernández Lizarazu
Esta Ley, según debates en el Congreso, nació con dos promesas claras: descongestionar los despachos judiciales y modernizar tecnológicamente el trámite de procesos ejecutivos. La justicia que tarda demasiado deja de serlo, y los datos revelados eran contundentes: más del 72% de los procesos ante la jurisdicción ordinaria corresponden a ejecuciones, la mayoría de las cuales transcurre sin oposición sustancial del deudor. Ante ese panorama, el legislador optó por un camino inédito: el arbitraje ejecutivo, que permite a particulares investidos temporalmente de jurisdicción adelantar procesos de cobro forzoso.
La promesa resulta, sin duda, atractiva. Celeridad mediante plazos perentorios de hasta doce meses, medidas cautelares previas eficaces, actuaciones virtuales y remates electrónicos. Se añade un arbitraje gratuito para población vulnerable y asuntos de mínima cuantía. Virtudes nada menores. Sin embargo, el examen de la norma advierte tensiones que merecen reflexión.
Considérese el tratamiento de los garantes. La ley, de manera contraintuitiva para la concepción de títulos valores, prohíbe insertar en ellos el pacto arbitral para proteger su libre circulación, pero al tiempo presume que avalistas y codeudores adhieren a dicho pacto al suscribirse a la relación contractual. Surge entonces el interrogante de qué ocurre con el garante que solo firmó el pagaré, sin haber suscrito jamás el documento donde consta el pacto. ¿Habría o no bifurcación jurisdiccional para perseguir garantes y obligados directos?
Igual perplejidad suscita la exclusión de las ejecuciones hipotecarias de vivienda donde habiten menores de edad. La protección es comprensible, pero la norma guarda silencio sobre el momento y modo de acreditar tal circunstancia. ¿Y si la situación muda durante el proceso? Terreno fértil para debates y tutelas.
En materia de consumo aparece otro aspecto notable. La ley impone al acreedor deberes de información robustos, pero si el consumidor no invoca la ineficacia del pacto mediante reposición contra el auto admisorio, se entiende que lo convalida por silencio. La paradoja es evidente porque derechos que la ley declara irrenunciables podrían perderse por simple omisión procesal.
La promesa de celeridad puede también llegar a ser su talón de Aquiles. Si el reloj de doce meses se agota, el caso migra al juez ordinario con el valor jurídico conservado, pero no necesariamente con recuperación de lo invertido. Se habrán causado honorarios, gastos del centro y costos de medidas cautelares que difícilmente se recuperan.
El régimen de terceros presenta aristas igualmente problemáticas. El proceso arbitral ejecutivo se diseña sin incidentes, pero cuando terceros se oponen, puede remitirse el asunto al juez ordinario. Esa bifurcación procesal abre la puerta a decisiones contradictorias.
La Ley encierra méritos considerables, pero su éxito dependerá de los acreedores, su voluntad y disciplina documental; de los árbitros y su pericia, tan distinta del arbitraje declarativo; de la interpretación que los tribunales den a estas tensiones. Y, en fin, de la confianza que este estatuto inspire en reemplazo de la expertise consolidada de los jueces.
Si ha de ser instrumento de descongestión eficaz o nueva fuente de complejidades, solo el tiempo lo dirá.
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