¿En qué consiste el proyecto de ley para que el Presidente Petro se haga exámenes?

Las reiteradas ausencias del presidente Gustavo Petro siguen siendo tema de discusión en el país. Con la del viernes, en la que no llegó al evento que tenía con los empresarios de la Andi en Cartagena, ya son 85 las veces en las que el jefe de Estado no asiste a los actos que tiene programados en lo que lleva en su gobierno desde el 7 de agosto de 2022.

El tema es que la explicación casi siempre es la misma: “cambios en su agenda”, y nadie desde la Casa de Nariño ha podido explicar la razón de sus desapariciones, cancelaciones y cambios repentinos en su agenda.

La situación es tan álgida que ayer varios de los integrantes de algunos partidos radicaron una solicitud ante el Senado para que conforme una comisión médica y esta le pida al presidente que se realice un examen médico completo, o en su defecto, le explique a Colombia qué lo viene imposibilitando para que cumpla con sus funciones.

Es importante tener en cuenta que si se aprueba esta petición, el presidente no tiene la obligación de hacérselo, ya que la Constitución no lo obliga. Pero en su momento ya hubo un antecedente: Juan Manuel Santos se lo hizo en el 2012, tras la petición del Senado, y cuando le fue diagnosticado cáncer de próstata. En ese momento el país conoció un informe de todo el estado de salud de Santos. Caso similar ocurrió con el vicepresidente Angelino Garzón, de quien pidieron un examen para saber su estado de salud, y si era apto para seguir en el cargo, aunque Garzón no aceptó realizárselo.

Pero esta situación va más allá y quieren que el examen médico sea obligatorio para presidente, vicepresidente, gobernadores y alcaldes del país. El representante del Partido Liberal, Carlos Felipe Quintero, ya radicó un proyecto de ley estatutario en este sentido y que el examen sea cada año.

“Este proyecto tiene unos juicios de valor constitucional que se analizaron y tiene todo el rango para poder ser una ley de la República. Es que sería grave elegir un presidente o un gobernador con problemas mentales”, señaló Quintero a LR.

“Es un proyecto de ley estatutaria porque es una excepción legal a la protección que tiene la historia clínica actualmente, pero es una excepción por la calidad de las personas que se lo tendrían que hacer como presidente, alcaldes y gobernadores. Ellos ostentan unos cargos de una responsabilidad enorme y unas calidades diferentes”, dijo. Y ante las críticas de varios sectores que lo ven como un tema político relacionado con las ausencias de Petro, el representante Quintero agregó que: “yo quiero que la opinión pública entienda que esto no es un tema en contra de alguien. Es un tema de garantizarle al pueblo colombiano que tendrá gobernantes con plenas capacidades. No es un tema político, de hecho, lo presenté en la legislatura pasada, pero el tiempo no me dio y lo retiré. Entonces lo volví a presentar”.

Entre tanto, uno de los asesores de Quintero, y de los que elaboró el proyecto, también lo explica: “el dictamen realizado por la Junta Médica de Invalidez no será de público conocimiento y tendrá carácter de información privada. Por lo cual, solo se incluirán datos acerca del estado de salud que sean inmediatamente conexos a las enfermedades generadoras de la incompatibilidad para el desarrollo de sus funciones”.

La iniciativa, que de ser aprobada entraría en vigencia en el 2026, tiene nueve artículos. En el proyecto es muy claro el objetivo: “Establecer la práctica obligatoria de un dictamen médico integral anual para cargos uninominales electos democráticamente con objeto de garantizarle a la Nación la capacidad y condiciones médicas de sus funcionarios electos para así cumplir con las funciones asignadas por la Constitución y la ley”.

Y a renglón seguido aclara: “se entenderá para la presente ley como cargos uninominales electos democráticamente las personas electas a los cargos de: Presidencia de la República, Vicepresidencia, Gobernadores y Alcaldes”.

De acuerdo con el proyecto de ley, los mandatarios que no se sometan a la práctica del examen médico anual incurrirán en una falta disciplinaria grave. “El resultado de este dictamen médico tendrá carácter de información privada, y solo se hará público en caso de evidenciar la existencia de enfermedades neurodegenerativas, catastróficas de pronóstico reservado o cualquier otra que comprometa la capacidad cognitiva para la toma de decisiones propias del cargo y el desarrollo de las funciones del Presidente de la República, el Vicepresidente, los Gobernadores y los Alcaldes”, se lee en otro apartado del proyecto.

Para finalizar, Juan Francisco Navarrete, socio y director de Navarrete Consultores, dice que “el Presidente no es que tenga un fuero especial a nivel de salud. La Presidencia requiere unas capacidades y unas actitudes específicas para ejercerla y esto debería poderse determinar en un examen normal o de los médicos que lo tratan. El profesional de salud deberá evaluar si está en condiciones”.