Las fallas institucionales mantienen en riesgo a las mujeres pese a la ley

Aunque Colombia cuenta desde hace más de una década con una legislación específica para sancionar el feminicidio y proteger a las mujeres frente a las violencias basadas en género, los casos de violencia continúan representando uno de los principales desafíos para las autoridades. Expertos señalan que el problema ya no está únicamente en la existencia de normas, sino en su aplicación efectiva, la articulación entre las instituciones y la celeridad de los procesos judiciales.

Las cifras muestran la dimensión del problema. De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, en 2025 Bogotá registró una tasa de violencia de pareja de 164,83 casos, por encima del promedio nacional de 120,4. Además, entre 70% y 77% de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres. Según registros de la Policía Nacional, cada hora 12 mujeres son agredidas dentro de sus propios hogares.

La situación evidencia que la existencia de un marco legal no garantiza por sí sola una protección efectiva de los derechos fundamentales. La Ley 1761 de 2015, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, representó un avance al tipificar el feminicidio como un delito autónomo y establecer medidas para fortalecer su investigación y sanción. Sin embargo, su efectividad depende de la capacidad de las instituciones para prevenir, atender e investigar oportunamente los casos.

Para Carolina Zúñiga Fonseca, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Uniagraria, una de las principales dificultades está precisamente en la implementación de estas disposiciones.

“La dificultad está en la aplicación de la norma. Especialmente en zonas rurales se ve la atención deficiente a las víctimas y vemos cómo la impunidad hace parte del día a día”, señaló.

Los desafíos de la justicia para prevenir el feminicidio

Uno de los principales retos está en garantizar que las investigaciones incorporen desde el comienzo un enfoque de género. Según Zúñiga, persisten falencias que pueden llevar a que algunos casos sean investigados o sancionados como homicidios y no como feminicidios.

“Persisten importantes falencias en la investigación con enfoque de género, lo que hace que muchos casos sean investigados o sancionados como homicidios y no como feminicidios”, explicó.

La diferencia tiene consecuencias en materia penal. Mientras el feminicidio contempla penas que pueden oscilar entre 21 y 41 años de prisión, el homicidio tiene penas de entre 17 y 37 años, de acuerdo con las cifras y referencias citadas por la experta.

A esto se suman problemas como la falta de coordinación entre las entidades encargadas de la prevención, atención y judicialización, el seguimiento insuficiente a las medidas de protección, la falta de personal especializado y las dificultades para adelantar investigaciones oportunas, especialmente en las zonas rurales.

Una respuesta institucional que llegue a tiempo

Otro de los puntos críticos es la oportunidad de las medidas de protección. En algunos casos, estas llegan cuando el riesgo ya se ha materializado, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de evaluación y prevención desde el momento en que una mujer presenta una denuncia.

Si bien se han registrado avances en la actuación de entidades como la Policía y la Fiscalía, la articulación entre las instituciones continúa siendo un desafío.

“Aún existen problemas de coordinación y no siempre se garantiza una atención oportuna que permita prevenir estos hechos”, afirmó Zúñiga.

Por ello, las denuncias por violencia intrafamiliar deben ser consideradas como posibles alertas tempranas y no únicamente como hechos aislados. Esto implica fortalecer la evaluación del riesgo desde la primera denuncia, mejorar el acceso a la justicia, especialmente en territorios apartados, y garantizar formación continua y especializada para los funcionarios que intervienen en estos procesos.

El reto de investigar y sancionar los casos

La efectividad de la respuesta judicial también puede observarse en el avance de los procesos. Según análisis de la Fiscalía General de la Nación, aproximadamente 33% de los casos registrados desde la entrada en vigor de la Ley Rosa Elvira Cely han llegado a la etapa de ejecución de penas, mientras que 67% permanece en fases de indagación, investigación o juicio.

Sin embargo, para la experta, medir la respuesta frente al feminicidio únicamente a partir del número de condenas deja por fuera una parte fundamental del problema: la capacidad de las instituciones para evitar que las agresiones escalen hasta convertirse en asesinatos.

“Más allá de las cifras de condenas, el verdadero reto es conocer cuántos feminicidios se han logrado evitar mediante acciones oportunas de prevención y protección”, sostuvo Zúñiga.

Otro de los obstáculos está relacionado con la recolección de pruebas y la forma en que se desarrollan las investigaciones. La falta de una perspectiva de género desde el inicio puede dificultar la identificación de patrones de violencia y aumentar el riesgo de que un caso sea tratado como un homicidio común.

También existen situaciones en las que las evidencias no se recopilan oportunamente o en las que las familias y personas cercanas a las víctimas terminan siendo revictimizadas durante el proceso judicial.

Así, el desafío para Colombia no pasa únicamente por crear nuevas normas, sino por garantizar que las existentes funcionen de manera efectiva. La prevención, la atención temprana, la coordinación entre instituciones y una justicia capaz de actuar con rapidez son elementos determinantes para evitar que las alertas de violencia terminen en nuevos casos de feminicidio.