Con el propósito del Presidente de hacer la paz, se dio cuenta de que uno de los prerrequisitos para este objetivo, era el reconocimiento de las víctimas, convertida en prioridad del Gobierno, que afortunadamente entendió la magnitud de este problema, más de 5 millones de víctimas en todo el país.

 

En este sentido el 25 de julio pasado, el Presidente de Colombia, hizo por primera vez en la historia del país un reconocimiento público de la responsabilidad del Estado en delitos cometidos durante medio siglo de conflicto armado, afirmando que: “El Estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas a lo largo de estos 50 años de conflicto”. 

 

El reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad divulgado en julio y que documenta entre los crímenes cometidos durante el conflicto armado, desde 1958 hasta el 2012, un total de 220.000 asesinatos, 5’712.506 desplazamientos forzados, 25.007 desaparecidos y 27.023 secuestrados.

 

En este contexto, las Farc reconocieron el pasado martes 20 de agosto, que tienen  responsabilidad con las víctimas causadas por el conflicto armado colombiano, al admitir la necesidad de identificarlas y repararlas debidamente tras más de 60 años de desangre nacional.  “Sin duda ha habido crudeza y dolor provocados desde nuestras filas. El enemigo nunca fue ni ha sido fácil; no se sujetó a normas de combate”, dijo el jefe guerrillero Pablo Catatumbo, alias de Jorge Torres Victoria, en una declaración leída ante la prensa en La Habana.

 

En tal sentido, el Presidente Santos en la Ley 1448 de 2011, fue el primer mandatario que reconoció jurídicamente la existencia de un conflicto armado interno, sin que esto haya implicado un otorgamiento de status internacional a los grupos armados ilegales, pero sí ha permitido aplicar el derecho internacional humanitario en favor de las víctimas.

 

Por su parte, la Corte Constitucional en la Sentencia C-781 de 2012, declaró exequible  la expresión “ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, estableciendo una concepción amplia del conflicto armado interno en Colombia, como garantía para brindar atención adecuada y oportuna a las víctimas.

 

Es decir, que quienes sean considerados como víctimas por hechos ilícitos ajenos al contexto del conflicto armado, aún cuando no sean beneficiarios de la Ley 1448 de 2011, pueden acudir a la totalidad de las herramientas y procedimientos ordinarios de defensa y garantía de sus derechos previstos por el Estado colombiano.

 

De otro lado, la Corte Constitucional en la Sentencia C-250 de 2012, declaró exequible  la fecha 1º de enero de 1985 para la reparación de víctimas, definidas como “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”, Ley 1448 de 2011.

 

La Corte precisó que el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 establece un tratamiento diferenciado entre dos grupos de personas, las que sufrieron daños con ocasión de hechos posteriores al 1º de enero de 1985, titulares de las medidas de reparación señaladas en la Ley 1448 de 2011 y quienes sufrieron daños por hechos anteriores a esa fecha, personas que tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en el parágrafo 4 del artículo 3º de la misma ley, como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas.

 

En conclusión, el reconocimiento de responsabilidad con las víctimas de parte del Estado colombiano y de las Farc, es un hecho histórico en el conflicto colombiano, que sin duda contribuye al logro de la paz, priorizando la reparación de las víctimas.