La extorsión creció en varias capitales pese a la reducción de casos a nivel nacional

La extorsión en Colombia mostró comportamientos diferentes entre las ciudades capitales durante 2025. Aunque los registros nacionales disminuyeron 3,2%, al pasar de 13.869 casos en 2024 a 13.428 en 2025, varias ciudades reportaron incrementos, según el estudio Análisis y caracterización de la extorsión en Colombia, elaborado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, y el Departamento Nacional de Planeación, DNP.

Cartagena presentó el mayor aumento entre las ciudades destacadas en el diagnóstico, al pasar de 197 casos en 2024 a 382 en 2025, lo que representó un incremento de 93,9%. A esta ciudad le siguieron Tunja, con un crecimiento de 76,7%; Pasto, con 37,8%, y Sincelejo, con 36,6%.

Estas cifras contrastan con la reducción registrada en otras capitales. Bogotá disminuyó sus casos de extorsión en 16,1% entre 2024 y 2025, mientras que Barranquilla reportó una caída de 17,8% y Cali, de 7,4%.

Las capitales concentran más de la mitad de los casos

De acuerdo con el estudio, las 32 ciudades capitales registraron 7.291 casos de extorsión en 2025, equivalentes a 54,3% del total nacional. Además, entre 2016 y 2024, el crecimiento de este delito en Colombia fue de 182,9%, al pasar de cerca de 4.900 a 13.869 registros. En las capitales, el incremento durante ese periodo alcanzó 201,5%.

El diagnóstico también identificó cambios en las modalidades utilizadas para cometer este delito. Las llamadas telefónicas representaron 48,8% de los casos registrados en las capitales durante 2025, mientras que las modalidades relacionadas con redes sociales y tecnologías de la información y las comunicaciones alcanzaron 18,6%, frente a 7,6% en 2016.

Ante este panorama, Asocapitales y el DNP plantearon la formulación de una política nacional contra la extorsión mediante un documento Conpes, además de 27 acciones de política pública enfocadas en prevención, articulación con la Fiscalía y la Policía, y atención integral a las víctimas.

El estudio también propone mejorar el acceso de las administraciones locales a los datos, elaborar mapas de riesgo por barrios y fortalecer la coordinación entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales, teniendo en cuenta las diferencias en el comportamiento del delito en cada ciudad.