Abren pliego de cargos contra Gildardo Hoyos

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra del exalcalde del municipio de Sucre (Cauca), Gildardo Hoyos Hoyos, por posibles irregularidades relacionadas con la falta de ejecución del proyecto de vivienda de interés social rural por $194.730 millones.

De acuerdo con la investigación disciplinaria, Hoyos Hoyos, no habría ejercido la vigilancia y el control requeridos a la ejecución de un contrato de obra del 29 de diciembre de 2007, celebrado entre el citado municipio y un particular para el proyecto de vivienda de interés social rural.

Esto, ya que “la obra presentaba un avance del 50% pese a que ya se habían desembolsado al contratista recursos equivalentes al 94% del valor del contrato, entregados al municipio por el Banco Agrario de Colombia”.

Adicionalmente, el pliego de cargos señala que a pesar de los inconvenientes presentados en la ejecución de esta obra, el entonces alcalde no habría tomado las acciones para garantizar el cumplimiento del objeto contractual nueve meses después de vencido el contrato.

De acuerdo con las pruebas allegadas, la Procuraduría consideró que Hoyos Hoyos al parecer no logró la recuperación total de los dineros transferidos al contratista, ni la ejecución completa de la obra y tampoco habría liquidado unilateralmente el contrato.

“(…) con el fin de amortizar los desembolsos aprobados y realizados al interior del proyecto de Vivienda de Interés Social Rural denominado ‘Sucre’ ante la gerencia de Vivienda del Banco Agrario de Colombia, evidenciándose, presuntamente, la falta de vigilancia y control en la ejecución de la obra”, señaló el Ministerio Público.

La falta fue calificada por la Procuraduría General de la Nación provisionalmente como gravísima, a título de culpa gravísima.

Audiencia para 11 concejales
La Procuraduría citó a audiencia pública a 11 concejales de Yondó (Antioquia) quienes al parecer no tramitaron la debida autorización al alcalde de ese municipio para contratar en los años 2012 y 2013.

Al parecer, los servidores públicos omitieron señalar qué casos requieren autorización previa del Concejo, situación con la que se habrían entorpecido los asuntos municipales a favor de la comunidad, y afectado el correcto ejercicio de las funciones del alcalde.

Tras puntualizar que el Concejo Municipal tiene la obligación de reglamentar la autorización al alcalde para que pueda contratar a nombre del municipio. La posible conducta irregular cometida por los ediles fue calificada por el ente disciplinario como grave, cometida con culpa gravísima.