Admiten proceso contra legisladores por presunto tráfico de influencias en la Ungrd
El tribunal evaluará si los legisladores incurrieron en faltas graves al régimen de funciones durante el periodo constitucional vigente
02 de febrero de 2026
El Consejo de Estado, a través de su Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, admitió para su estudio una demanda presentada en contra de varios congresistas de la República. El tribunal tomó la determinación tras verificar que el demandante cumplió con los requisitos legales y subsanó las falencias señaladas en un auto previo de inadmisión.
La decisión se fundamenta en lo previsto por la Ley 1881 de 2018 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
El proceso jurídico fue impulsado por el ciudadano Pablo Antonio Bustos Sánchez y se dirige contra senadores y representantes a la Cámara que integran la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Entre los parlamentarios mencionados en el documento se encuentran Martha Peralta, Sor Berenice Bedoya, Julio Elías Chagüi, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Loreto Gómez. La solicitud busca que se decrete la desvinculación de sus cargos por conductas relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
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La causal principal invocada en la demanda es el presunto tráfico de influencias, conducta tipificada en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política de Colombia. De forma subsidiaria, el demandante también plantea la posible violación del régimen de incompatibilidades. Estos hechos se vinculan con las investigaciones en curso sobre irregularidades contractuales y manejo de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El despacho judicial consideró que el solicitante aportó oportunamente la documentación requerida, incluyendo la resolución de elección de los congresistas y la constancia de notificación de la demanda a los implicados.
Con la admisión del recurso, el Consejo de Estado inicia formalmente la etapa procesal para evaluar las pruebas y determinar si existieron las faltas señaladas. Los congresistas vinculados deberán ser notificados de esta resolución para que ejerzan su derecho a la defensa.
Esta instancia judicial representa el inicio de un proceso de control político y jurídico sobre los miembros del legislativo señalados por el demandante. La decisión final del Consejo de Estado determinará si los hechos expuestos ameritan la pérdida de la investidura, lo que implicaría la salida definitiva de sus curules y la inhabilidad permanente para ejercer cargos de elección popular.
El tribunal continuará con el trámite bajo los términos establecidos en la normativa vigente para asuntos de esta naturaleza.
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