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Actualidad

Jueza declaró ilegal material probatorio presentado por la Fiscalía en caso Lili Pink

Los datos recopilados y presentados por el ente acusador se extrajeron de 18 dispositivos incautados en allanamientos

25 de julio de 2026

Juan Camilo Quiceno


Allanamineto en Lili Pink
Fiscalía General de la Nación
Canal de noticias de Asuntos Legales

El proceso judicial contra los propietarios y aliados de la marca Lili Pink, acusados de un millonario entramado de lavado de activos, sufrió un revés en las últimas horas. La juez del Juzgado 18 de Control de Garantías declaró ilegal la obtención de pruebas clave por parte de la Fiscalía y emitió un fuerte reproche contra la fiscal del caso por el mal procedimiento llevado a cabo durante la recolección de información.

La decisión judicial, adoptada en el marco de una diligencia celebrada el pasado miércoles, deja sin efecto los informes de extracción de datos provenientes de 18 dispositivos electrónicos incautados durante allanamientos realizados en mayo y junio de este año.

La jueza fue contundente al calificar la orden de recolección como "completamente ilegal" y advirtió que tanto el procedimiento como sus resultados "tendrán la misma suerte".

"La orden emitida es completamente ilegal, por lo tanto el procedimiento y los resultados tendrán la misma suerte. El Juzgado 18 de Control de Garantías declara la ilegalidad material y formal por la vulneración al debido proceso", sentenció la togada.

En la audiencia de imputación, la fiscal Alejandra Gómez Freidel leyó cargos contra ocho empresarios y representantes legales de sociedades aliadas: Max Abadi, su hijo David Abadi, Lorena Bernal, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez, Jonnatan Villamil, Luz Adriana López, Malaquilla Bismar y Merlín Roxana Mendoza.

Todos los imputados se declararon inocentes de los delitos que se les atribuyen: Lavado de activos por más de $730.000 millones, enriquecimiento ilícito cercano a los $430.000 millones y contrabando estimado en $75.000 millones.

Como medida correctiva, la juez ordenó el envío de un oficio a la Dirección contra Delitos Fiscales de la Fiscalía, a cargo de Leonardo Quevedo, en el que se pondrá de presente lo ocurrido en la diligencia y se informará sobre las irregularidades cometidas.

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