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  • Colprensa

miércoles, 9 de abril de 2014

Debido al aumento de ataques con ácido, la Procuraduría General de la Nación requirió al Ministerio de Salud para que informe el estado actual de cumplimiento de las órdenes impartidas por la Ley 1639 del 2 de julio de 2013 que incrementó las medidas para proteger a las víctimas de este tipo de ataques.

Esto, debido a que dicha Ley dio precisas instrucciones a ese Ministerio para que en seis meses creara una ruta de atención integral a las víctimas, que permitiera suministrar información y orientarlas acerca de los derechos, medidas y recursos con los que cuentan, los medios judiciales, administrativos y de atención en salud, así como mecanismos para proporcionar ocupación o continuidad laboral, según el caso.

El Ministerio de Salud igualmente tiene la obligación de coordinar con el Ministerio de Industria y Comercio actividades tendientes a garantizar el adecuado registro y control de venta de sustancias ácidas, alcalinas o corrosivas y de llevar un registro de las víctimas atendidas.

De igual manera, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública solicitó remitir copia del registro sobre las personas atendidas en casos de lesiones corporales causadas por este tipo de sustancias que generan daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano.

“La no reglamentación oportuna de la Ley, plazo que venció el pasado 2 de enero, limita la actuación de las entidades con responsabilidades asociadas a este flagelo social”, señaló la entidad en un comunicado de prensa.

Retrasos en desmonte
La Procuraduría anunció que ya adelanta investigaciones por el retraso en el desmonte de la propaganda política de los pasados comicios al Congreso.

La delegada para Asuntos Electorales, María Eugenia Carreño, indicó que esta labor corresponde a los alcaldes y a los gobernadores para que este desmontada antes de las próximas elecciones presidenciales.

“La publicidad desde antes de las elecciones tiene que estar desmontada por parte de los candidatos y, en ese orden, los alcaldes municipales deben proceder a remover toda publicidad de naturaleza política, en tanto que si omiten ese deber, estarían incurriendo en una presunta falta disciplinaria”, dijo la funcionaria.

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