martes, 31 de enero de 2017
Jaramillo rindió su primera audiencia de imputación de cargos en el complejo judicial de Paloquemao, por las irregularidades que el ente acusador encontró en un contrato que suscribió con la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) de Bogotá, que ascendía a $43.515 millones.
Entre los pliegos de acusación también está la investigación sobre un supuesto soborno que se habría realizado al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en la contratación de la tercera fase de Transmilenio por la Calle 26. En estos hechos, vale la pena anotar, fueron condenados el exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz; el exdirector de la UMV, Iván Hernández y los concejales Hipólito Moreno, Andrés Camacho y Orlando Parada.
La historia del exgerente de Conalvías en el proceso de investigación se remonta a 2012, cuando su nombre empezó a verse involucrado en la investigación del carrusel de contratación en Bogotá que, entre otras, también tiene una condena de 24 años de cárcel al exalcalde Samuel Moreno.
Andrés Jaramillo era la cabeza de Conalvías, un cargo que ocupó por 19 años. Entre 1996 y 2015, el exgerente de la entidad y economista de la Universidad Santo Tomás logró extender su operación empresarial a Perú, Panamá y Estados Unidos.
Pelea por conalvías
Mientras el proceso contra Jaramillo se adelanta, la reorganización del Grupo Conalvías puso en las esquinas opuestas del ring a la Contraloría General de la República y a la Superintendencia de Sociedades.
De acuerdo con la vicecontralora, Gloria Alonso, dentro del proceso de reorganización que lidera la Supersociedades se podría facilitar la liberación de una deuda que tiene Conalvías con la nación por $174.000 millones.
La funcionaria indicó, en una comunicación al superintendente Francisco Reyes, que se mantenga el embargo y el fallo para garantizar la recuperación de los dineros públicos involucrados en la decisión de responsabilidad fiscal.
Sin embargo, Reyes llamó a la calma en este proceso de reorganización al señalar que, si bien hay una deuda de Conalvías a la Contraloría, debe concurrir a las etapas procesales tal y como lo señala la ley. Incluso, le recuerda a la vicecontralora que, desde octubre de 2015, cuando se aceptó el proceso de reorganización de la empresa, la Supersociedades ha hecho públicas las decisiones. Así ocurrió en mayo de 2016 cuando la mayoría de acreedores registrados en el proceso, junto con las empresas del Grupo Conalvías, aceptaron el acuerdo de reorganización. Las obligaciones suman $1,2 billones.
Antecedentes
El proceso de Andrés Jaramillo inició en diciembre de 2016 con la citación a declarar libremente por parte de la Fiscalía General de la Nación, en la que presuntamente, dice el ente acusador, habría entregado $700 millones a la UMV para quedarse con el contrato. En el contrato de la Calle 26, Jaramillo ha señalado que nunca ofreció ni le pidieron dinero para quedarse con ese contrato que cedía el Grupo Nule.
La Opinión
Francisco Reyes
Superintendente de Sociedades
“Todos los acreedores, sin excepción, deben someterse a las normas legales que rigen el proceso de insolvencia y realizar las diligencias y trámites procesales establecidos por Ley y son de carácter público”.
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