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Iván Cajamarca martes, 7 de septiembre de 2021

En su momento, según la carta, la Fiscalía aceptó que no hubo pérdida de dineros públicos, ni se reprocha la utilidad de dicha obra

Luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificara la decisión de la Sala Especial de Primera Instancia de reafirmar la medida de aseguramiento en contra del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, este aseguró que acudirá a instancias internacionales para "procurar el cese de la violación a mis derechos políticos y los del electorado antioqueño".

"En el marco del juicio que afronto por una supuesta omisión en mi deber de supervisar la contratación de la Troncal de la Paz en el Bajo Cauca Antioqueño, obra contratada en 2005 (hace ya 16 años) durante mi primer mandato como Gobernador de Antioquia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, consideró improcedente revocar la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía", se lee en la carta difundida por el mandatario.

En su momento, según la carta, la Fiscalía General de la Nación aceptó que no hubo pérdida de dineros públicos, tampoco reprocha la calidad y utilidad pública de la obra. "Centra su acusación en una hipotética violación de principios de la contratación pública. Insisto que soy respetuoso de las Instituciones. Mis abogados agotarán los recursos jurídicos ante la Corte Suprema de Justicia, para que se restituyan mis derechos y mi inocencia sea confirmada públicamente", agrega Gaviria.

Actualmente, Gaviria está siendo investigado por presuntas irregularidades en el proceso de contratación para las obras de un tramo de la Troncal de la Paz. La Fiscalía ha argumentado que el contrato de mejoramiento y pavimentación del tramo La Cruzada - Caucasia en 2005 tuvo un valor de más de $41.000 millones, lo que significó alrededor de $1.500 millones de más para el contratista.

La defensa de Gaviria ha asegurado que para esta etapa del juicio no es necesario una privación de la libertad porque los delitos por los que se le acusa al político no estarían bajo las imposiciones de la medida de aseguramiento.

La Sala de la Corte, sin embargo, afirmó que no tiene las pruebas suficientes para revocar la decisión tomada por la Fiscalía en 2020 por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

A Gaviria también se la acusa de suscribir un contrato con el fin de construir un puente sobre el río Nechí por un valor de $16.000 millones.

Ayer se conoció que en el marco del proceso ordinario de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría Delegada Intersectorial 9 sobre posibles conductas de responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial en el Proyecto Hidroituango, fue exonerado de cualquier responsabilidad fiscal.

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