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Judicial

Arrancó su juicio en Procuraduría y el canciller Álvaro Leyva no asistió a la diligencia

El abogado Yefferson Dueñas, apoderado del suspendido canciller, estuvo en representación de él en el juicio disciplinario en su contra

15 de febrero de 2024

Carlos Jaramillo Palacio


El canciller Álvaro Leyva
Colprensa
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Este jueves, en la sede de la Procuraduría en Bogotá arrancó el juicio disciplinario en contra el suspendido canciller Álvaro Leyva Durán por las posibles irregularidades en la licitación de pasaportes, la misma causa por la que fue suspendido del cargo por espacio de tres meses.

Leyva Durán no se presentó a la diligencia disciplinaria y fue representado por el abogado Yefferson Dueñas, el mismo que envió una carta en días pasados en las que argumentaba que Leyva seguiría en el cargo hasta que el presidente Gustavo Petro nombrara su reemplazo.

La apertura de la diligencia disciplinaria le permitirá al Ministro de Relaciones Exteriores exponer las pruebas para desvirtuar las dos faltas por las que está siendo investigado y juzgado, relacionadas con la declaración desierta de la licitación y el posterior decreto de urgencia manifiesta, calificadas por el organismo de control de graves y cometidas a título de dolo.

A esto se le suma el presunto desacato de la medida de suspensión provisional del cargo, a pesar de que ordenaba el cumplimiento inmediato de la decisión.

En su momento, además, Leyva argumentó, en una carta enviada a la procuradora, Margarita Cabello, que no había sido notificado de la determinación y una vez esto sucedió procedió “a cumplir lo dispuesto”, separándose de sus funciones.

Aquello ocurrió solo hasta el pasado 8 de febrero, pese a que la decisión del Ministerio Público se comunicó el 24 de enero y en ella era perentorio el argumento de que la medida se tomaba para evitar eventuales reiteraciones de las presuntas faltas disciplinarias.

Esta semana se conoció que su defensa, en cabeza del abogado Yefferson Dueñas, presentó una acción de tutela contra la Procuraduría, por lo que consideró una grave violación a los derechos fundamentales al trabajo, debido proceso y a ejercer cargos públicos.

Lo que busca este recurso es anular lo dispuesto hasta ahora por el Ministerio Público.

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