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Néstor Julián Ramírez domingo, 1 de septiembre de 2013

Recientemente fueron publicados los resultados de la más reciente Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana para el año 2013. Este instrumento, aplicado entre abril y mayo de 2013 a 175.000 personas de 49.035 hogares, en 20 ciudades del país, indaga acerca de la ocurrencia o no de determinadas conductas delictivas (hurto a residencias, a personas o a vehículos, riñas, peleas y extorsión a personas), así como la percepción de seguridad para la población de 15 años en adelante.

Los resultados arrojados por la encuesta muestran que, entre la población encuestada, un 18,5% de la población de 15 años en adelante, señaló haber sido víctima de alguno de los delitos señalados, al menos una vez durante los últimos doce meses anteriores a la realización del sondeo (periodo comprendido entre mayo del 2012 y el mismo mes en 2013): 11,4% reportó haber sido víctima de hurto a personas; 11% de los encuestados que reconocieron ser propietarios de vehículos señaló haber sido víctima de hurto a este tipo de bien; 2,2% fueron víctimas de riñas y peleas y, por último, 0.7% de encuestados afirmaron haber sido víctimas de extorsión consumada o en grado de tentativa. 
 
Por último, en cuanto a los hogares, de los señalados 49.035 que fueron representados por vía de las encuestas, en un 3.1% se reportó la victimización del delito de hurto a residencias.
 
El hallazgo más interesante se deriva en esta ocasión, justamente, de la comparación entre las tasas de victimización y de denunciabilidad (esto es, el cruce entre aquellos que reconocieron ser víctimas de delitos y, entre estas personas, quienes señalaron haber denunciado la conducta). Así las cosas, del 18,5% de encuestados-víctimas, un 24,4% reportó haber denunciado el hecho delictivo, significando esto que 75,6% -tres cuartas partes-, no denunció la comisión de la conducta en su contra. Si bien se podría pensar que aquellas ciudades en las que se registraron los porcentajes más altos de victimización serían, a su vez, las mismas en las que se concentrarían los mayores registros de denunciabilidad; en realidad la evidencia muestra lo contrario.
 
En efecto, las ciudades con mayor tasa de victimización son Pasto (32%), Bogotá (22.1%), Armenia (20%), Popayán (19.9%), Medellín (18.6%) e Ibagué (18.1%). Paradójicamente, cuatro de estas ciudades se ubican entre las 6 con menor tasa de denunciabilidad: Ibagué se encuentra en el último puesto (16.3%), seguida por Montería (17.9%), Pasto (18.1%), Cali (19.2%), Armenia (19.5%) y Medellín (19.7%). 
 
En cuanto a Bogotá y Popayán, cabe decir que son las dos excepciones a la baja tasa de denunciabilidad entre las ciudades con mayor victimización: La capital del país se ubica en la quinta plaza en materia de mayor registro de denuncias por parte de víctimas de delitos (27.5%), mientras que la capital del Cauca lo hace en la novena posición (25.1%). 
 
De cualquier manera, llama la atención que las ciudades con los mayores niveles de denunciabilidad coincidan, en su mayoría, con aquellos que tienen los menores resultados en materia de victimización. En este sentido, se encuentra que San Andrés tiene una la tasa más alta de denuncias (34.5%) frente a la menor victimización (4.4%). En un sentido similar, Cúcuta se posiciona como la segunda ciudad con mayor tasa de denunciabilidad (29.1%), junto al quinto menor registro de victimización (11.7%)
 
Las observaciones hechas permiten concluir que resulta fundamental utilizar estrategias de concientización a la ciudadanía acerca de la importancia de denunciar las conductas delictivas -no sin dejar de ajustar la oferta institucional correspondiente, a fin de no generar cargas excesivas sobre los funcionarios como las actualmente existentes, que restan eficiencia y eficacia a la justicia penal-, como un instrumento para: 1) procurar la reducción de la percepción de impunidad y de los índices efectivos de ocurrencia de este fenómeno; 2) contribuir a establecer de vínculos entre la ciudadanía y la institucionalidad, fundamental para estimular la confianza de la población en el aparato de justicia; 3) propiciar un ambiente de disuasión frente a la comisión del delito, al generar una percepción generalizada de que las conductas delictivas efectivamente serán puestas en conocimiento de las autoridades competentes, siendo este un primer paso fundamental en procura de la efectiva persecución de la criminalidad; y 4) garantizar la efectividad del respeto de derechos de los individuos que se ven comprometidos con conductas delictivas, tales como la vida, la libertad, la honra y la propiedad privada. 
 
Estos cuatro factores resultan ser puntos críticos en la actualidad siendo su precaria situación, en buena medida, la que tiene a la justicia (y particularmente a la justicia penal) en entredicho.
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