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  • Colprensa

domingo, 9 de marzo de 2014

Contactarlos puede parecer complicado, pero en realidad resulta sencillo. Basta acercarse a ellos a través de alguien que los conozca y tentarlos para que salgan del escondite. 

- Tengo un compañero que puede garantizar 200 votos pero todavía no tiene candidato. Se compromete a entregar los listados de los votantes. 
No alcanzan a transcurrir dos minutos y el chat del teléfono suena con la respuesta. 
- ¿En qué puntos de votación garantiza esos votos? 
-En las comunas 7 y 21. 
- ¿Necesita transporte para la gente? 
- No. 
- A estas alturas es difícil, ya todo está cerrado, pero dale mi número. Decile que me llame a ver qué podemos hacer. Me interesa. 
Los traficantes de votos en Colombia son llamados en las campañas políticas ‘facilitadores’. Su tarea, básicamente, es ubicar a algunos líderes comunales o gente reconocida de los barrios de ciudades y municipios que trabajen con adultos mayores, o con personas que tengan en promedio 40 años – a los jóvenes es más difícil de convencerlos, son más rebeldes - y pagarles, chantajearlos, para que garanticen que esas personas con las que trabajan voten por un determinado candidato. 
Las tarifas varían. Por voto se puede pagar entre $50.000 y $100.000. El líder comunal le paga la mitad de ese monto a la persona que vota, y además le ofrece el transporte hasta el punto de votación y el almuerzo, todo costeado por la campaña política. 
Para el líder, entonces, el negocio es redondo. Entre más listados tenga, más gente maneje, más gana. Si garantiza, por ejemplo, 400 votos a tarifa plena, $100 mil, recibe $40 millones. Como paga cada voto a mitad del precio que lo vende, $50.000, le quedan $20 millones libres. El poder en Colombia se vende al mejor postor. 
Todo se paga en una casa que por lo regular está ubicada cerca de los puntos de votación. No hay recibos, cheques, consignaciones. Se cancela en efectivo, incluso el dinero que recibe el líder. Es una manera de protegerse, no dejar pistas. Esos recursos, según explicó una fuente de El País que pidió no ser identificada, se legalizan inflando otros gastos de la campaña: almuerzos, refrigerios, transportes, viajes, publicidad. 
Para poder recibir el pago, cada persona debe entregar, en la casa, la fotocopia de su cédula y del certificado electoral. Cuando terminan las votaciones y se conocen los resultados, se cruza la información. 
El líder, previamente, le ha entregado a la campaña política el listado que incluye el nombre de la persona que vota, el número de cédula y su lugar exacto de votación (jamás números de contacto o direcciones de su gente para evitar que el candidato los ubique por su cuenta). 
Entonces, si en el listado dice que en la mesa 20 de la escuela X van a votar 25 personas por el candidato que compra los votos, una vez se conocen los resultados se verifica que en esa mesa esté efectivamente marcado ese número de tarjetones. Así se certifica la trampa. 
A las campañas políticas que incurren en estas prácticas les interesa que los votos estén concentrados en uno o dos sitios de votación. Les interesa que la gente vote en una misma escuela, en un mismo coliseo, no que diez voten en la comuna 7 y otros en la 19 y otros en la 21 y la 5. Lo que se pretende es que les sea más fácil asegurarse que los votos que compraron fueron a las urnas. Además, les saldría más costoso transportar a la gente por toda la ciudad que a uno o dos sitios de votación. 
Los ‘facilitadores’ de esas campañas son en realidad gente preparada, con estudios universitarios, pero sobre todo que ha trabajado o esté trabajando en política, nombrados en cargos públicos. 
Un ciudadano denunció en este diario que un exfuncionario de la Secretaría de Hacienda de Cali y el asesor de un senador de la región trabajan en las actuales elecciones contactando líderes para comprar votos, aunque también utilizan otras estrategias. 
El fundador de un colegio exclusivo para adultos mayores aseguró que ha habido elecciones en las que los ‘facilitadores’ le han pedido que ofrezca becas a los alumnos para que voten por un candidato a cambio de contratos con el Estado y puestos públicos para su familia. 
Edilson Huérfano, sacerdote ortodoxo, uno de los líderes más reconocidos en el Distrito de Aguablanca por su trabajo con jóvenes pandilleros y actualmente funcionario de la Personería de Cali, asegura que efectivamente en días de elecciones es común que en Cali y el resto del Valle del Cauca los candidatos se acerquen a la gente que es visible en los barrios para intentar comprarlos, asegurar votos. 
“A mí me preocupan estas elecciones en qué sentido: en que todo está muy calmado. Muy quieto. Es decir que por debajo de cuerda, presuntamente, están moviendo plata para garantizar los votos. Si usted mira, en la ciudad hay muy poca publicidad política comparada con años anteriores. No hay movimiento electoral. Entonces posiblemente se está moviendo la plata por debajo de las mesas. Por eso ni el departamento, ni la ciudad, funcionan. Porque usted siendo un líder que vendió su voto ¿cómo va a reclamar por su comunidad? Lo primero que le dicen los políticos es maestro, yo ya le di lo suyo. Mire el Distrito de Aguablanca como está de deteriorado, mire las calles. Si estamos mal, entonces, no es tanto por culpa de los políticos sino por la gente que se presta para la compra y venta de los votos”. 
Según cálculos de un integrante de una campaña que pidió no ser identificado, en las actuales elecciones a Senado se están invirtiendo - en las campañas - entre $7.000 y $10.000 millones. 
“Es mucha plata. ¿Eso qué demuestra? Corrupción. Nadie va a invertir $10.000 millones para ganarse $1. 200, que es el salario promedio que recibirá un senador en cuatro años. Las ganancias al ser elegidos, entonces, deben ser mucho más”. 
Germán Vargas Lleras, la actual fórmula a la vicepresidencia de Juan Manuel Santos, hizo la misma denuncia: “Nunca antes habíamos tenido una campaña para elegir al Congreso de Colombia en la cual circularan tales cantidades de dinero, en semejantes volúmenes. Aquí hay campañas al Senado que están costando más que la propia campaña presidencial”. 
Las otras trampas 
Integrantes de una campaña política en Cali - que también pidieron no ser identificados - aseguraron además que, aunque no incurren en esas prácticas, una de las maneras más efectivas y comunes para cometer fraudes electorales es conocida como el ‘carrusel’ de tarjetones. 
Se trata de un asunto que puede resultar riesgoso para quien lo comete. Primero se consigue una casa cercana al punto de votación. A primera hora envían a un elector, quien solicita en la mesa todos los tarjetones: Cámara, Senado, Parlamento Andino, consulta. El elector solo deposita su voto al Parlamento Andino y Consulta y esconde los tarjetones de Cámara y Senado, dejándolos en blanco. 
Después va a la casa y ahí le compran esos tarjetones. La tarifa, igualmente, oscila entre $50.000 y $100.000. Luego envían a otro elector con los tarjetones a Cámara y Senado ya marcados por el candidato interesado, y los introducen en otro punto de votación. Esa persona, a su vez, hace lo mismo: mete los tarjetones, pide los nuevos, los deja en blanco, los lleva a la casa, recibe el dinero. Es una cadena. Quien sea capturado cometiendo el delito, sin embargo, puede pagar una pena de entre 4 y 8 años de cárcel. 
Alejandro Muñoz, asesor jurídico de la Misión de Observación Electoral, MOE, advirtió que otras de las prácticas comunes que se utilizan para cometer fraude electoral consiste en comprar a los acompañantes de los adultos mayores de 80 años o de quienes tengan alguna discapacidad física. Por ley, estas personas pueden ingresar a la urna con alguien que los asista en el voto. Sin embargo, algunos de esos acompañantes se dejan chantajear para votar por un determinado candidato a cambio de dinero. 
“También es muy común que los jurados suplanten ciudadanos manipulando el material electoral. Es decir que aparecen personas que supuestamente votaron cuando en realidad no fueron a las urnas, pero los jurados depositan sus votos”. 
Al cierre de esta edición, la Misión de Observación Electoral tenía registradas 316 denuncias ciudadanas sobre posibles fraudes electorales. El conjuro es uno solo: votar a conciencia. Los candidatos corruptos podrán comprar a algunos, pero no a millones de colombianos. 

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