Bonilla y Velasco, acusados de haber comprado a congresistas para pasar reformas

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Ni las más altas esferas del Gobierno del presidente Gustavo Petro resultaron libres del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, pues en las instalaciones del Tribunal Superior de Bogotá se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes fueron acusados de haber liderado una red criminal para comprar a congresistas y obtener sus avales para pasar la Reforma Pensional y la reforma a la salud.

En específico, la fiscal María Cristina Patiño les imputó los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, pues, según explicó, habrían tenido una serie de reuniones con otros funcionarios del Gobierno y de la Ungrd para direccionar contratos de forma irregular a varios congresistas. En razón de estos hechos, pidió a la jurisdicción "imposición de medida cautelar privativa de la libertad en lugar de residencia".

Los exministros "lideraron, promovieron y encabezaron la organización criminal, impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas al interior del Invías y la Ungrd, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas", señaló la fiscal delegada en la audiencia.

Patiño también aseguró que Bonilla y Velasco habrían planteado las líneas bases del modus operandi por medio del cual se les cedieron contratos a los parlamentarios a cambio de que apoyaran diferentes proyectos del Gobierno de Petro.

"Los exministros Velasco y Bonilla acordaron entre sí, con otros funcionarios de la Rama Ejecutiva y con ciertos parlamentarios de las comisiones primera y séptima del Senado, y de la comisión interparlamentaria de crédito público del Congreso, el direccionamiento de proyectos contractuales a cambio de su apoyo a los intereses del Gobierno en el legislativo", destacó la fiscal delegada.

Patiño indicó que estos hechos se habrían presentado entre mayo de 2023 y mediados de febrero de 2024, meses en los que los exministros se concertaron para cometer delitos contra la administración pública para garantizar mayorías en el Gobierno y obtener la aprobación de las reformas. "En desarrollo del pacto criminal ofrecieron y acordaron ilícitamente con algunos senadores y representantes del Congreso desarrollar proyectos, contratos o convenios que se adelantaban en Invías o en la Ungrd, a cambio de su concurrencia y votación en las sesiones del Congreso a las que pertenecían", detalló.

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En total, Bonilla y Velasco habrían direccionado 74 proyectos de Invías por un monto total de $571.701 millones, y cinco proyectos de la Ungrd por $40.536 millones, para un total de $612.237 millones. No obstante, la Fiscalía constató que, de todos estos, solo siete llegaron a concretarse.

La fiscal hizo especial énfasis en el papel de Velasco, como exministro del Interior, a quien señaló de haberle ordenado directamente a Olmedo López, exdirector de la Ungrd, apoyar la Reforma Pensional. Para esto, le pidió asistir a uno de los debates en la Comisión Séptima del Senado "con el fin de entregar contratos a ciertos parlamentarios para seguir ampliando las mayorías en esa comisión, pues allí se tramitaban las reformas importantes del Gobierno, esto es a la salud y a las pensiones".

Para obtener aprobación de la pensional, los exministros habrían repartido contratos en Puerto Concordia, Meta, de una obra de $5.458 millones para supervisar la erosión del río Ariari; en Aguazul, así como en Aguazul, Casanare; y en Mistrató, Risaralda. Además de estos, habrían direccionado otro proyecto por $2.125 millones en La Guajira, con el que se habría favorecido a Isaac Francisco Riscala.

Seguido de esto, la fiscal Patiño se refirió a las órdenes que Bonilla habría impartido a sus exasesoras en el Ministerio de Hacienda, Andrea Ramírez y María Alejandra Benavides, a quienes les habría proporcionado una lista con 71 proyectos, denominados cupos indicativos, que se debían direccionar para obtener apoyo de los congresistas. De este total, 13 por un valor de $142.658 millones se repartieron en Atlántico, Cesar, La Guajira, Tolima y Magdalena; 19 por $80.816 millones en Magdalena, Córdoba, Montería, Atlántico, Nariño y Caldas; y 14 por $155.145 millones en Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Valle, Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre.

Sumado a estos, se habrían direccionado otros 25 proyectos por $177.380 millones en Cundinamarca, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Magdalena, Bolívar, Valle y Arauca. Todos estos habrían conformado un total de más de $556.473 millones.

A estas irregularidades, la Fiscalía sumó otras relacionadas con los congresistas Karen Manrique, Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz, quienes habrían impulsado iniciativas de crédito público que le convenían al Gobierno del presidente Petro. Con estos parlamentarios, se habría gestado una reunión el 31 de octubre de 2023, que, según declaró Benavides, tenía el objetivo de tramitar los direccionamientos de contratos.

La fiscal Patiño explicó que, luego de varias gestiones lideradas por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, y en las que también habría participado el asesor del Dapre, Jaime Ramírez Cobo, entre el 12 y 15 de diciembre, el Congreso aprobó seis créditos.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía hizo mención especial a una reunión convocada por Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y actual prófugo de justicia por este caso, en la que Bonilla, Velasco y otros funcionarios habrían dialogado sobre cómo obtener la aprobación de los proyectos en el Congreso.

Casi dos horas después del inicio de la audiencia, la Fiscalía confirmó que los exministros Velasco y Bonilla fueron imputados con los delitos de concierto para delinquir agravado, en calidad de autores a título de dolo; interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de determinadores a título de dolo; y cohecho por dar u ofrecer, en calidad de coautores. Los acusados se declararon inocentes de los tres cargos y afirmaron haber acatado la ley durante sus gestiones en las carteras de Hacienda e Interior.

En la diligencia también se hicieron presentes los representantes de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y de las víctimas, quienes acompañaron la imputación de delitos y la respaldaron.

A su turno, el exministro Bonilla rechazó los delitos imputados por tres razones: "Llevo más de medio siglo trabajando en actividades públicas y privadas, y nunca he tenido un peso de actividades ilícitas. Lo tiene que conocer porque ya me esculcó. Cumplí con mis funciones como ministro de Hacienda conforme la Constitución y la ley. Tengo la certeza de no haber cometido ningún delito, y defenderé mi inocencia".

Por su parte, Velasco tampoco aceptó los cargos y se negó a negociar con la Fiscalía, pues aseguró que es completamente inocente. "Hasta hoy en la investigación se ha escuchado a testigos interesados que han reconocido sus delitos. Dos de ellos terminaron beneficiándose de esos delitos. Se han hecho asesorar penas menores de las que debían pagar. Espero, con el mayor respeto, que cuando nos escuchen confronten lo que les han dicho a ustedes, porque el país solo ha escuchado la voz de quienes cometieron delitos y los confesaron".

Con Velasco y Bonilla, ya serían seis altos funcionarios del Gobierno los involucrados en este escándalo de corrupción, pues Olmedo López, Sandra Ortiz, Carlos Ramón González y César Manrique ya fueron imputados con diferentes delitos en este mismo caso.