Fiscalía radicó audiencias de imputación y pidió centro carcelario para Bonilla y Velasco

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Tal como lo anticipó la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, el ente acusador radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá la solicitud de audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco Cháves, por su participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.

El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que dirige la macroinvestigación por ese escándalo ya radicó la petición porque, según dijo el ente acusador, son presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

La medida a solicitar será privativa de la libertad en centro carcelario. Según dijeron abogados penalistas, se exponen, de ser encontrados responsables, a penas que superan los 12 o 15 años de prisión. En este caso habría un concurso de delitos.

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La Fiscalía, desde hace año y medio, había anunciado públicamente que imputaría a Bonilla, pero no se conocía el trámite en contra de Velasco. El exministro del Interior se presentó a mediados de septiembre de este año en las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín, en Bogotá, para cumplir con una diligencia de arraigo citada por el ente acusador.

Todo el caso se remonta a 2023, cuando, según las investigaciones, los exministros mantuvieron reuniones para beneficiar a congresistas con contratos, para lograr cupos en las comisiones económicas del Congreso.

La pieza clave en todo este embrollo es María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda. Según el principio de oportunidad que presentó la Fiscalía a finales de julio, el exministro Bonilla sí impartió órdenes e instrucciones a la funcionaria, con el propósito de beneficiar ilícitamente a seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito, a cambio de facilitar el trámite de créditos de interés del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Esos seis congresistas son los representantes Wadith Manzur, del Partido Conservador; Karen Manrique, quien ocupa una curul de paz; Julián Peinado, del Partido Liberal; el exrepresentante Juan Diego Muñoz, de la Alianza Verde; así como los senadores Liliana Bitar, del Partido Conservador; y Juan Pablo Gallo, del Partido liberal.