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Judicial

Cabal pedirá la nulidad de designación de exparamilitares como gestores de paz

La resolución 327 de 2025, expedida por el presidente Gustavo Petro, designó a 16 exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, como nuevos gestores de paz

24 de septiembre de 2025

Julián Bermeo


Colprensa
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El martes 23 de septiembre, la senadora María Fernanda Cabal anunció a través de su cuenta de X que presentará demanda de nulidad contra la resolución 327 de 2025, expedida por el presidente Gustavo Petro, mediante la cual se designó como gestores de paz a varios exparamilitares. Según Cabal, su decisión motivó la acción en defensa del Estado de Derecho y de las víctimas, frente a lo que ella denomina el “mal llamado paramilitarismo”.

En el mismo trino, la senadora aseguró que La Ley de Paz de Total que Petro ha impulsado a lo largo de su Gobierno, no le da facultades para nombrar a personas ya desmovilizadas y condenadas con tales títulos. A su vez, Cabal afirmó que no permitirá que se mal use la denominación de la “paz”, para revictimizar a aquellos colombianos que también se ven afectados por estas decisiones.

Según la resolución, esta se fundamenta en normas constitucionales y legales que le dan al Presidente la facultad de dirigir procesos de paz, en las que él mismo resalta a estas acciones, como derechos y deberes, y que el Estado debe adoptar las medidas óptimas para garantizarlas.

La resolución, a su vez, nombra específicamente a 16 exparamilitares de las AUC como gestores de paz, en los que se encuentran: Salvatore Mancuso, Héctor José Buitrago, Ramiro Vanoy, Hernán Giraldo, Luis Eduardo Cifuentes, Manuel de Jesús Pirabán, Juan Francisco Prada, José Baldomero Linares, Carlos Mario Jiménez, Diego Fernando Murillo, Rodrigo Tovar Pupo, Rodrigo Pérez Alzate, Fredy Rendón, Edward Cobos, Arnubio Triana, Héctor Germán Buitrago, entre otros.

El rol que estas personas tendrán a lo largo del caso, será el de aportar todos sus conocimientos y experiencia para procesos de paz, garantías de no repetición y estrategias frente al crimen organizado y las armas ilegales. Con esto, la designación se extiende a lo largo de 6 meses prorrogables hasta máximo 2 años. No obstante, esta denominación no modificará su situación jurídica, medidas de aseguramiento o régimen de libertad; tampoco implicará en beneficios judiciales y podrán acompañar a otras instancias de diálogo si el jefe de Estado lo solicita.

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