Cambio Radical demandó decretos que prohibieron exportaciones de carbón a Israel

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El partido Cambio Radical interpuso, ante el Consejo de Estado, una demanda contra los decretos con los que el Gobierno Nacional prohibió la exportación de carbón a Israel. En ella, solicitó que sean suspendidos los efectos del decreto, como medida cautelar, para prevenir la consolidación de perjuicios económicos y sociales mientras se toma la decisión final.

"La decisión del gobierno de Petro es ilegal e inconstitucional, afecta la economía y el empleo", señaló el partido, por medio de su cuenta de X.

Según su director, Germán Córdoba Ordóñez, "la determinación del Gobierno es ilegal e inconstitucional porque excede las competencias del Ejecutivo y afecta gravemente la economía nacional".

En el escrito de la demanda, Cambio Radical afirmó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro se extralimitó al imponer, por medio de un acto administrativo, esta sanción internacional sin contar con aprobación legal.

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También señaló que su decisión estuvo falsamente motivada, pues no contó con pruebas técnicas que justificaran que el carbón colombiano estaba siendo usado con fines militares en Israel, hecho que "configura desviación de poder, al emplear facultades económicas para propósitos de política exterior y presión diplomática".

Argumentó que el principio de proporcionalidad fue vulnerado, debido a que existían medidas menos gravosas que la prohibición total de exportaciones y que, con ello, se afectó gravemente el orden económico y social, generando afectaciones a puntos como el empleo, las regalías y la estabilidad de las regiones productoras.

"El recurso judicial se apoya en normas superiores de la Constitución Política que delimitan las competencias del Presidente y reservan, al Congreso, la facultad de adoptar sanciones de política exterior", aseguró.

Por último, sustentó su demanda en las cifras del Dane, en las que reveló que, entre enero y agosto de 2023, se exportaron alrededor de US$375 millones, de los cuales 93% fueron de productos minero-energéticos y 90% de carbón técnico. "Esta prohibición improvisada es ilegal e inconstitucional. No se puede sacrificar el ingreso de las regiones ni desconocer compromisos internacionales del país", reafirmó Córdoba.