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Colprensa viernes, 11 de septiembre de 2015

La información fue dada conocer por el Vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, al hacer referencia al escandaloso caso en el que, por intermedio del abogado Víctor Pacheco, se buscaba perfilar una acción de tutela en la Corte, para evitar que la firma se viera obligada a pagar una multa de $22.000 millones, más 10% de intereses. 

Para esto Fidupetrol habría contactado a Escobar, para hacer una especie de lobby ante la Corte y a Pacheco, cuya misión, según se ha informado, sería sobornar con $500 millones a un grupo de magistrados. En este escenario se vio obligado a dejar el cargo el jurista Jorge Ignacio Pretelt, quien ocupó la presidencia de la Constitucional por escasos días, y hoy está siendo investigado en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. 

"Dicha solicitud, se efectúa dentro de Ia investigación que Ia Fiscalía General de la Nación adelanta por la posible intervención de particulares ante la Corte Constitucional, para tratar de asegurar una decisión favorable en una acción de tutela interpuesta por la fiduciaria Fidupetrol S.A", señaló el vicefiscal, Perdomo. 

La audiencia a Escobar Gil se llevará a cabo el 4 de noviembre próximo, y Caballero tendrá que presentarse ante un juez de garantías el 11 de noviembre. 

Las pruebas 

En la audiencia de imputación de cargos la Fiscalía dará a conocer las pruebas que en su criterio le permiten señalar la responsabilidad que pudieron tener el Presidente de la firma, y el exmagistrado en este caso. En ese momento el ente acusador les imputará a ambos los delitos de tráfico de influencias, cohecho por dar u ofrecer y falso testimonio. 

Por este escándalo, se encuentra con medida de aseguramiento intramural el abogado Pacheco, y con prisión domiciliaria el accionista mayoritario de Fidupetrol, Helbert Otero. 

Nuevas investigaciones 

El vicefiscal también dio a conocer que se abrirán dos nuevas investigaciones, por irregularidades en otras dos tutelas que cursan en la Corte. 

Las tutelas que estarían bajo la lupa serían la numerada T-1082 de 2012 entre Ia Sociedad Recaudos Tributos S.A. y Ia Alcaldía Distrital de Santa Marta, y la sentencia de unificación (SU-773 de 2012) en la que se hace referencia a la Sociedad Portuaria de Cartagena y Ia Superintendencia de Sociedades. 

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