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Judicial

Carlos Ramón González reapareció en la audiencia de acusación de la Corte Suprema

Está imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos

29 de enero de 2026

Karen Pinto Duitama

kpinto@larepublica.com.co

Carlos Ramón Gonzalez en audiencia
Corte Suprema de Justicia
Canal de noticias de Asuntos Legales

Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, apareció en la mañana de este jueves 29 de enero para participar en la audiencia en la que la Fiscalía lo imputará ante el despacho de la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila, de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.

González, quien está prófugo en Nicaragua, es acusado de presuntamente liderar el entramado de corrupción, la Fiacalía señala que habría ordenado el pago de coimas y contratos a congresistas. Está imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

El ente acusador señaló que González habría ordenado destrabar proyectos en el Congreso con pagos a congresistas como Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, quienes ya fueron capturados.

En esta audiencia de acusación que inició a las 8:00 a.m., María Cristina Patiño, fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, presentó un documento de 60 páginas en el que explica el modus operandi de la corrupción en la Ungrd. Señala que el González habría ordenado pagos ilegales por más de $60.000 millones.

Hubo casi dos horas de receso y cuando se reanudó la audiencia de acusación, la magistrada Barreto Ardila leyó un auto en el que se reconoce a las posibles víctimas a la Ungrd, pero también de la Agencia Nacioal de Defensa Jurídica del Estado, Andje, la Contraloría y las comunidades indígenas Wayúu de La Guajira, a pesar de que el abogado Iván Cancino señaló que no había arguementos suficientes caracterizarlas como víctimas del caso.

El delegado de la Procuraduría para el caso, Henry Bustos, pidió una aclaración sobre el señalamiento por lavado de activos y en específico que aclarara de qué forma Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, habría cometido el delito al transportar dinero en efectivo para pagar coimas a Iván Name y Andrés Calle.

También pidió que se profundizara en cómo González presuntamente le habría ordenado a Ortiz, entregar el dinero en efectivo a los congresistas Name. El procurador señaló que la acusación de la Fiscalía estaría errada al asegurar que dio la orden a la exfuncionaria para realizar estos pagos.

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