• Colprensa

jueves, 21 de junio de 2018

Las secretarías de Movilidad de Bello, Medellín, Itagüí y Sabaneta confirmaron que estos carros quedaron sin piso jurídico.

Por cuenta de una ley (1843 de 2017) y una resolución del ministerio de transporte (718 de 2018), que reglamentaron los sistemas de fotomultas, cuatro municipios del Valle de Aburrá tuvieron que guardar los seis carros de fotodetección móvil que tenían en operación.

“Hoy esos sistemas son ilegales, nadie debe recibir un comparendo expedido con esos carros”, aseguró el abogado Mauricio Flórez, vocero de la veeduría de la movilidad.

María Patricia Zúñiga Campo, subsecretaria legal de la secretaría de movilidad de Medellín, aseguró que esa dependencia está tramitando los permisos de operación para las 40 cámaras fijas y que, cuando eso esté definido, se revisará la operación de las dos cámaras móviles.

“Nosotros le pedimos una aclaración al ministerio porque dieron un plazo de 180 días para tener los permisos legalizados. Pensábamos que iban a ser seis meses, pero ellos aclararon que eran 180 días hábiles, entonces tenemos hasta el 26 de diciembre para tener todo en regla”, dijo.

Bello, que cuenta con seis cámaras instaladas en tres puntos fijos, también estudia si es posible gestionar un nuevo permiso para sus dos vehículos de fotomultas.

“Pretendemos, en el futuro, delimitar las zonas por donde van a transitar y los sitios en los que se van a usar los radares, y así estaríamos dentro de la norma. Pero eso por ahora está en trámite, junto con las autorizaciones de las cámaras fijas”, informó Juan Fernando Vélez, asesor jurídico de la secretaría de movilidad de Bello.

Entre tanto, en Sabaneta la alcaldía dio la orden de dejar parado el único carro que tenían. “Por ahora estamos en la tarea, junto con el concesionario Setsa, de revisar los planes locales de movilidad y los reportes de accidentalidad para poder explicarle al Ministerio porqué instalamos las tres cámaras que tenemos hoy”, dijo Henry Herrera, director de movilidad de ese municipio.

En Itagüí la situación es similar. Las tres cámaras fijas que funcionan están en proceso de calibración y de trámite de permiso. “Pero el carro que estábamos usando para el mal parqueo lo guardamos para no tener inconvenientes”, dijo Julián David Jaramillo, secretario de movilidad, quien aclaró que es poco probable que se hagan nuevas gestiones para reactivar su funcionamiento.

Faltan los sistemas

Los cuatro municipios del Aburrá que tienen sistemas de fotodetección vigentes informaron que ya tienen listos los estudios de accidentalidad, flujo de tránsito y mortalidad que soportan la operación de sus cámaras, tal como lo exige la norma.

Todos los voceros coincidieron en que están a la espera de que el ministerio de transporte les habilite el acceso a una plataforma única desde la que se controlará la ubicación, calibración y autorización de cada cámara.

“Ellos nos recibirán la información en los próximos días porque aunque la plataforma ya está, ha tenido fallas, probablemente por nueva. De ahí, en un plazo de 30 días hábiles, revisarán la información y darán el visto bueno o pedirán correcciones”, agregó Zúñiga, de la secretaría de movilidad de Medellín.

En caso de que haya que hacer ajustes, correrá de nuevo un plazo de 30 días hábiles. El 26 de diciembre las cámaras que no hayan obtenido el visto bueno deberán ser desmontadas, reportó el ministerio.

Notificación de cambio

Según Mauricio Flórez, de la veeduría de movilidad, uno de los principales logros de la resolución 718 y de la Ley 1843 es unificar y dejar claros los tiempos y modos de notificación para los infractores.

“Antes de la norma, se decía que las secretarías tenían tres días hábiles para el proceso. Pero la gente creía que era tres días para que le llegara el papel a la casa”, dijo.

Juan Fernando Vélez, de la secretaría de movilidad de Bello, aclaró que la norma estableció varios pasos para expedir el comparendo y notificarlo. “Se dan diez días hábiles, desde el momento en el que se capta la presunta infracción, para que un agente revise la foto y firme la orden de comparendo”, dijo.

Una vez transcurrido ese tiempo, la secretaría tiene tres días hábiles más para imprimir la fotomulta y entregársela a la empresa de mensajería.

“Pero ahí no se considera notificación. Eso sólo ocurre cuando la persona recibe el papel en la casa. Cabe aclarar que es obligación de cada persona -según la ley- tener esos datos actualizados en el Runt”, agregó el asesor jurídico.

En caso de que el ciudadano tenga la dirección incompleta (no incluya, por ejemplo, el número del apartamento), la autoridad lo notificará por aviso. “Eso se hace mediante avisos en la página web y en las carteleras de la secretaría”, dijo Vélez. En Medellín, Itagüí y Sabaneta funciona igual, confirmaron los funcionarios.

Cuando se hace efectiva la notificación, bien sea por aviso o por mensajería, empiezan a correr los plazos para acceder a descuentos o solicitar audiencias.

El tiempo de caducidad de las fotodetecciones también cambió. “Antes teníamos seis meses para eso, y ahora el plazo es de un año. Y sólo aplica cuando hay errores de procedimiento de la Secretaría; por ejemplo, que el funcionario escribió mal la dirección que estaba en el Runt”, dijo Vélez.

Pendientes

Las secretarías de movilidad que tienen sistemas de fotodetección están pendientes de que el Instituto Nacional de Metrología expida la reglamentación para calibrar y hacer mantenimiento de los equipos. Hoy esos procedimientos se hacen con protocolos propios de cada concesionario.