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Judicial

Implicados en el caso Lili Pink no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía

Según la Fiscalía, la organización habría ingresado mercancía de contrabando al país y lavado cerca de $730.000 millones desde 2013.

21 de julio de 2026

Paula Andrea Marín Lara


Lili Pink
Lili Pink
Canal de noticias de Asuntos Legales

Los ocho implicados en el denominado caso Lili Pink no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación durante las audiencias de imputación. Con esta decisión, el proceso penal continuará en las siguientes etapas, en las que el ente acusador buscará demostrar la responsabilidad de los investigados en un presunto entramado de contrabando y lavado de activos.

Los procesados son Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza. Según el rol atribuido a cada uno, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de contrabando, contrabando, favorecimiento y facilitación del contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la investigación, la presunta organización habría operado desde 2013 mediante una red de empresas constituidas en Colombia y Panamá para importar mercancía como prendas de vestir, calzado, juguetes y cosméticos. El ente investigador sostiene que estas compañías habrían servido para ingresar productos de contrabando al país y dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos.

La Fiscalía también señaló que varias de las sociedades vinculadas al caso figuraban a nombre de personas que ocupaban cargos administrativos o de confianza, mientras que los verdaderos responsables permanecían ocultos. Además, estima que el presunto esquema permitió lavar cerca de $730.000 millones y movilizar mercancía de contrabando por un valor superior a $75.000 millones.

Durante la audiencia, los fiscales expusieron parte del material probatorio recopilado, entre el que se encuentran documentos financieros, información aduanera y registros de operaciones comerciales que, según el ente acusador, evidenciarían el funcionamiento de la organización.

Al no aceptar los cargos, los ocho procesados mantienen su presunción de inocencia y será en las siguientes fases del proceso donde la Fiscalía presentará formalmente las pruebas para sustentar la acusación, mientras las defensas tendrán la oportunidad de controvertirlas ante los jueces las declaraciones del caso.

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