En los casos más graves el órgano público encontró que algunas productos no cuentan con ningún tipo de información sobre su tabla nutricional e instrucciones de uso, consumo o conservación, lo que viola los artículos 23 y 24 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) que obligan a los proveedores a suministrar a los consumidores información veraz y suficiente sobre los productos que se ofrecen.
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La auditoría reveló también deficiencias significativas en la gestión de cobro de créditos hipotecarios, con un hallazgo que asciende a $1.717 millones
