Ripe Martes, 17 de marzo de 2015

Tras doce años desde su eliminación, volvieron a ser introducidas las penas privativas de libertad en casos de acuerdos para fijación de precios, repartición de cuotas de mercado, limitación de producción o concertación para hacer fracasar una licitación pública, las cuatro figuras más graves que contempla el ordenamiento legal de Libre Competencia.

El proyecto de ley, que fue firmado por la presidenta de la República, Michelle Bachelet y que ingresó al Congreso con urgencia simple, también contempla fortalecer las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para investigar y recabar antecedentes y establece nuevos niveles de multas, por sobre las actuales 30.000 UTA (unos US$24,5 millones) en vigor.

La mandataria señaló que la normativa “es un paso necesario para garantizar que nuestro sistema económico funcione adecuadamente y con mayor transparencia. El proyecto busca modernizar y perfeccionar la defensa de la libre competencia, dar certeza a quienes hacen negocios, pero también a los consumidores”.

Asimismo, indicó que es necesario poner fin a casos de colusión como los sucedidos en los mercados de farmacias o avícola, y justificó el impacto de éstos como factores que se consideraron para reponer las penas de presidio. “Es inaceptable que un grupo de personas se ponga de acuerdo para perjudicar a los demás, y esto quede sin penas de cárcel efectiva”, dijo.

Eleva multas
La iniciativa propone elevar sustantivamente las multas para las empresas que se coludan, pudiendo alcanzar un máximo de hasta el 30% de las ventas correspondientes al periodo durante el cual se haya prolongado el delito o al doble del beneficio económico obtenido por la infracción, el cual deberá ser determinado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (Tdlc).

Asimismo, también se establecen sanciones penales hasta tres años de presidio para quienes entorpezcan o entreguen información falsa durante una investigación.

En el sector privado, si bien consideraron como positiva la revisión de la normativa de libre competencia, plantearon dudas respecto de la efectividad de las penas punitivas. Claudio Ortíz, gerente general del Comité de Retail Financiero, sostuvo que “genera inquietud incorporar sanciones como pena de cárcel. Creo que es un tema que requiere gran debate en el parlamento”, dijo.

Por su parte, Andrés Santa Cruz, presidente de la CPC, dijo que en principio no se debía descartar ningún tipo de sanción, pero que “hay que evaluar en su mérito todas las sanciones y todo lo que se propone”.

Al finalizar su discurso, la mandataria destacó que “sancionar como corresponde los casos de colusión es un acto de justicia, de transparencia y de protección a nuestra economía y a nuestros consumidores” y fue enfática al aclarar que “la gran mayoría de las empresas desarrolla sus prácticas competitivas dentro del marco de la legalidad y de la buena fe, y no vamos a permitir que la conducta de unos pocos empañe el quehacer de nuestra actividad empresarial, que es fundamental para el crecimiento económico”.