Colegio de Juristas cuestiona garantías procesales en sentencia contra Álvaro Uribe

Por medio de un comunicado, el Colegio Colombiano de Juristas expresó su preocupación frente a los alcances y efectos derivados de la sentencia de primera instancia proferida contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, advirtiendo sobre eventuales afectaciones a principios esenciales del orden constitucional y del debido proceso.

La corporación señaló que, si bien mantiene un respeto por la independencia judicial como pilar de un Estado social y democrático de derecho, ello no impide, y por el contrario impone, la responsabilidad técnica y ética de analizar de manera rigurosa decisiones judiciales que, por su trascendencia, exigen una revisión detenida de su fundamento jurídico y de su impacto en las garantías ciudadanas.

"Este respeto no excluye, y en nuestro caso impone, la obligación gremial de examinar con rigor técnico aquellas providencias que, por su trascendencia, requieren un análisis detallado de su fundamentación y de su impacto sobre los derechos ciudadanos”, señalaron.

Entre los aspectos que generan mayor inquietud, el Colegio destacó la posible vulneración de derechos como la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente, la imparcialidad e independencia del juzgador, la publicidad de las actuaciones judiciales, el derecho de defensa frente a la valoración probatoria, y la proporcionalidad en la imposición de penas y medidas restrictivas. En ese contexto, reiteraron que “el secreto profesional que ampara la relación abogado cliente no es un privilegio, sino una garantía de toda persona a una defensa libre, eficaz e independiente”.

En particular, el gremio llamó la atención sobre la interceptación y posterior utilización de comunicaciones entre el procesado y sus defensores, lo cual, en criterio de la Procuraduría General de la Nación, representaría una vulneración al secreto profesional, al derecho a la intimidad y al debido proceso. “Su desconocimiento constituye un retroceso histórico en la protección de los derechos fundamentales y atenta contra la esencia misma de nuestra profesión”, advirtió el comunicado.

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El documento señala que la extensión del fallo, que supera el millar de páginas, plantea cuestionamientos sobre su claridad y eficacia argumentativa, principios que hacen parte del debido proceso y del derecho a una defensa técnica adecuada. “Una motivación excesivamente prolija, especialmente cuando dedica amplios apartes a validar pruebas cuestionadas en su origen, corre el riesgo de desdibujar el debate central y proyectar una imagen de esfuerzo desmedido por justificar lo objetivamente controvertible”.

Finalmente, el Colegio Colombiano de Juristas expresó su confianza en que la segunda instancia judicial procederá a revisar con el debido rigor los hechos, las pruebas y las actuaciones denunciadas como vulneratorias de derechos fundamentales, conforme a los principios constitucionales, legales y los estándares internacionales vigentes. “Confiamos en que (…) se restablezca la integridad del proceso”.