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Vanessa Pérez Díaz - vperez@larepublica.com.co viernes, 29 de enero de 2021

Según el ranking internacional de Transparency International, el país ocupa la posición 92 en el listado de 180 naciones

En la más reciente encuesta de Invamer aumentó el número de encuestados que aseguró que la corrupción en Colombia está empeorando, pasando de 85% en octubre de 2020 a 95% en enero de este año. Hoy, esta realidad la confirma un estudio internacional de Transparency International, organismo que anualmente publica el Índice de Percepción de Corrupción, donde cero significa una corrupción muy elevada y 100 una ausencia de corrupción.

Los resultados indican que Colombia avanzó muy poco en este ranking internacional, pues apenas subió dos puestos pasando del puntaje 37 en 2019 a 39 en 2020. Si el análisis se hace en general, Colombia ocupa la posición 92 entre 180 países estudiados.

Aunque el país aumentó el índice, esto no es considerado como un avance porque ha permanecido por debajo de una calificación de 40 puntos desde el 2012. “Una calificación por debajo de 50 puntos indica niveles de corrupción muy serios en el sector público de un país”, reveló el estudio global.

Si ponemos la lupa sobre los resultados en América Latina, por encima de Colombia está Uruguay (71 sobre 100), Chile (67), Costa Rica (57), Cuba (47) y Argentina (42).

Ecuador, con también 39 puntos, está al mismo nivel de Colombia; mientras que por debajo del país quedaron: Brasil (38), Perú (38), Panamá (35) Bolivia (31), México (31), Paraguay (28) y Venezuela (15).

El informe internacional reveló que entre los países que hacen parte de la Ocde, Colombia ocupa el penúltimo puesto entre 37 países, superando únicamente a México.

“Estamos cerca de cumplir una década en ese estancamiento. Avanzar en esta calificación dependerá de cómo el país aborde retos históricos que facilitan la corrupción, pero también de la capacidad para proteger los recursos públicos en coyunturas difíciles como la pandemia”, dijo Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.

La percepción sobre el tema es tal, que en otras de las preguntas hechas en la encuestad e Invamer, sobre cuál es el principal problema del país en estos momentos, reveló en el primer lugar a la corrupción con 28% de las respuestas de los encuestados, seguido de desempleo (22%) y coronavirus (13%).

Corrupción y covid-19

Según se explica en el informe, los países con los puntajes más altos (es decir menos corrupción) invirtieron más en sus sistemas de salud y están en mejores condiciones de proporcionar cobertura de salud universal, por lo que consideran que baja la probabilidad de que se violen la democracia o las leyes.

En el caso de Colombia, que no supera un puntaje de 40, el informe precisa: "En Colombia, la atención a la pandemia demostró una vez más los graves riesgos de corrupción que sigue enfrentando el país en materia de contratación pública y, junto a otros factores, contribuyó a generar un escenario de alta concentración del poder en el Ejecutivo, tal como lo han señalado informes previos de Transparencia por Colombia".

Esto obliga a enviar un alerta, sobre todo en temas de vacunas, en el sistema de salud y en el proceso de atención de la inmunización.

"La fase actual de adquisición de vacunas y puesta en marcha de un plan de vacunación no es la excepción y debe estar marcada por la integridad, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la equidad”, explicó el director de Transparencia por Colombia.

Pero el informe no solo se queda en la advertencia. El organismo enumera una serie de acciones para garantizar la disminución de la corrupción:

  1. Fortalecer los órganos de control con suficientes recursos e independencia.
  2. Asegurar una contratación pública abierta y transparente, libre de conflictos de interés y bajo precios justos.
  3. Defender la democracia y facilitar el control ciudadano.
  4. Garantizar el acceso a información pública.
  5. Abordar de manera más decidida reformas de fondo como país, incluyendo una reforma política que fortalezca la transparencia en la financiación de partidos y campañas políticas
  6. Tener mayor eficacia y transparencia en el poder judicial.
  7. Fortalecer los canales internos de denuncia y protección a denunciantes.
  8. Garantizar la protección a la vida, el acceso a la información pública, la libertad de expresión y el acceso a la justicia.

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