Colombia, el de más abogados por cada 100.000 habitantes, con 801 profesionales

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Cada año, miles de nuevos profesionales reciben su tarjeta profesional y se suman a un mercado jurídico que cada vez está más competido. Este escenario abre espacio para una interrogante: ¿En Colombia hay sobreabundancia de abogados? Esta percepción se da ante una posible saturación de profesionales en el gremio jurista.

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De acuerdo con cifras de la Corporación Excelencia en la Justicia, para 2020 había aproximadamente 330.568 abogados vigentes en todo el país; para 2021 la cifra aumentó a 352.037; para 2022 fue de 375.580; y para 2023 ya había 397.766 abogados vigentes.

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En 2024 fue la primera vez que se superó la cifra de los 400.000 abogados, para ese año el dato fue de 410.491; mientras que para 2025 los abogados vigentes fueron 425.016.

Si este último dato se compara con la cifra de 2015 cuando se reportaban 244.336 profesionales de esta rama, se evidencia que el número de abogados vigentes en el país se ha incrementado 73,9% en los últimos 10 años.

Diego Márquez, director en MQA Abogados, señaló que el derecho se ha entendido como una herramienta para servir y que además puede resultar rentable, “y, al final, es una profesión liberal que no expira”, lo cual la convierte en una profesión atractiva para los estudiantes.

“Pero, también, hay otro detalle: un abogado sirve para múltiples cosas. Hay abogados que gerencian empresas. Abogados que litigan. Abogados que dirigen departamentos de talento humano. Abogados que asesoran empresas. En fin, es una carrera tan versátil que, seguramente, eso la hace atractiva”, añadió Márquez.

Si se mira cuántos abogados hay por cada 100.000 habitantes, se encuentra que Colombia lidera el ranking con 801 profesionales. Según datos de World Population Review este listado continúa con Israel, con 694; República Dominicana, con 564; Brasil, con 473; Italia, con 403; y Estados Unidos, con 401. En el listado también aparecen Grecia, Portugal, Nueva Zelanda, Chipre, Canadá, Reino Unido, Alemania, Bulgaria y Rusia.

Mientras que Erick Rincón Cárdenas, vicedecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, señaló que el problema en Colombia no es que haya demasiados abogados, sino que por el contrario, “hay una distribución inequitativa del talento jurídico y, en algunos segmentos, una formación que no responde a las exigencias del mundo contemporáneo”.

Las prácticas saturadas

Los expertos coincidieron en que hay saturación en ciertas prácticas tradicionales. “Sí existe una saturación en ciertas prácticas tradicionales: el litigio civil de baja cuantía, los trámites de familia rutinarios, la consultoría jurídica genérica”, señaló Rincón y agregó que esto puede ocurrir porque muchos programas de derecho siguen formando para el perfil del siglo XX cuando el mercado está demandando algo distinto.

“Hay proliferación de “abogados litigantes”, definitivamente. Esa práctica está saturada en cantidad, y no necesariamente en “calidad”. Creería que es la que resulta más habitada”, indicó Márquez. El director de MQA Abogados agregó que las prácticas laboral, de familia y de derecho administrativo son otras donde también hay una gran cantidad de abogados ejerciendo.

“Creería que a la práctica de derecho societario o empresarial, o de fusiones y adquisiciones, o tributario, todavía le falta mayor cantidad, que debe venir con la calidad. Estas son prácticas relevantes que no son concurridas”, indicó Márquez.

Rincón alertó sobre tres fenómenos al respecto: “primero, la proliferación de programas con estándares académicos bajos que producen profesionales sin las competencias analíticas ni éticas que el ejercicio exige; segundo, la desconexión entre la academia y las necesidades reales del sector productivo, el Estado y la ciudadanía; y tercero, la resistencia de buena parte de la profesión a incorporar herramientas como el legaltech, la inteligencia artificial aplicada al derecho, o los métodos alternativos de solución de conflictos”.

Frente a ello, Rincón indicó que la respuesta no debería ser cerrar facultades ni restringir el acceso a la profesión de manera arbitraria, sino elevar rigurosamente los estándares de formación, diversificar los perfiles de egreso y exigir acreditación de alta calidad.