Las nuevas tasas oficiales de la SIC para el 2027

Hace un mes fue expedida la Resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que fijó las tasas oficiales de los servicios en materia de Propiedad Industrial para el año 2027. No he visto muchos comentarios al respecto y a mí, en cambio, me están saliendo letreros.

Mi intención no es ser ultra crítica de la SIC sino de exigir calidad, como usuaria del sistema por 20 años. Durante este tiempo he sido testigo de los cambios positivos de la entidad tanto en la profundidad de sus decisiones como en la velocidad de los trámites a su cargo. He sido su fan y realmente admiro su labor y la manera en que ha ampliado el alcance de los servicios a los ciudadanos de a pie y, además, en las regiones. Siempre he querido ser parte de su equipo (guiño guiño) porque por muchos años se ha caracterizado por su alto nivel de tecnicismo, algo absolutamente necesario cuando de los servicios de una superintendencia se trata y, en particular, de derechos de propiedad industrial, una materia en la que converge la ley con el conocimiento técnico de infinidad de disciplinas.

Dicho lo anterior, el incremento de las tasas oficiales de la SIC, en el estado actual de la prestación de sus servicios, es alarmante. No es para nadie un misterio que los trámites se están tomando hasta el doble de tiempo que solían demorar en sus buenas épocas y, peor aún, que sus decisiones son muy (pero MUY) cuestionables. En cuanto a la forma, he tenido en mis manos resoluciones en las que al sustanciador y al equipo de revisión previa a la firma se les “pasó” la evidencia de que fue redactada por ChatGPT (a quien, insisto, hay que tratar como a un abogado recién graduado y revisarle TODO) e incluso algunas, en donde los espacios en blanco de las plantillas no se diligenciaron (¿esto cómo se justifica dentro de la obligación de motivar las decisiones?). Ni hablar del fondo: el uso y el abuso de la aplicación del criterio de la razonabilidad, sobre el que ya he hablado en este espacio, la ultra simplificación de los cotejos marcarios que han llevado a encontrar semejanzas en donde no las hay e infinidad de errores más.

Y en ese contexto, el incremento del precio que los usuarios del sistema pagan por los servicios es doloroso. Ya de por sí las tasas oficiales del 2026 eran altas; ahora las del 2027 lo son aún más. He revisado y las de la SIC son de las tasas oficiales más altas de LATAM en registro de marcas, por poner un ejemplo. Es cierto que se ofrecen algunos descuentos, en particular para MIPYMES, pero quienes trabajamos con ellos sabemos lo mucho que les duele cada peso que invierten, por lo que un registro de marca, que suele ser uno de los pasos obligados de su checklist de empresarios, es altísimo ahora y lo será aún más el próximo año. Por poner un ejemplo con las tasas oficiales de los trámites que más he realizado este año: la solicitud de marca en una clase pasa de costar $1.348.500 a $1.441.000, es decir, una diferencia de $184.500 que equivale a un incremento del 6,8%. La cancelación por no uso de un registro de marca en una clase (sí, cancelar marcas por no uso is my passion) pasa de costar $2.687.000 a $2.871.500, es decir, una diferencia de $184.500 que también equivale al 6.8%. No se puede perder de vista que al final la tasa oficial no es sino el precio que se paga por la prestación de un servicio por lo que, lo que le aplica a un prestador de servicios privado le aplica igualmente a un prestador de servicios de naturaleza pública: la expectativa de calidad, diligencia y agilidad. Que el servicio provenga de una entidad pública no tiene que justificar una expectativa diferente, por el contrario, ésta debería ser incluso superior, sobre todo cuando la SIC ha demostrado que es capaz de ofrecer servicios ágiles y altamente técnicos.

Así las cosas, empresarios que me leen: no dejen para el 2027 lo que todavía pueden hacer en el 2026. Ese 6,8%, aunado a los otros incrementos que ya se anticipan y que se concretarán en un par de meses, suman y yo sé, les duele. Y a la SIC: por favor vuelvan a los buenos tiempos, en donde el conocimiento técnico primaba, en donde los tiempos eran coherentes con la misión de otorgar ─ ni más ni menos─ derechos sujetos a explotación económica, sobre los que la incertidumbre puede costarle mucho dinero al empresariado.