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David Jáuregui Sarmiento - djauregui@larepublica.com.co jueves, 22 de febrero de 2018

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), dirigida por Luis Guillermo Vélez, se encargará de la defensa del país

Colombia enfrentará un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, contra Telefónica, que será apoyada por el despacho internacional White & Case. La intención de la multinacional española será hacer frente a una sanción impuesta por el país a Telefónica y la mexicana Claro.

Tanto Telefónica como la compañía mexicana Claro, han tenido conversaciones con el Gobierno para evitar el pago de US$1.847 millones exigido por un laudo emitido por el Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio. De el total del pago, US$391,7 millones corresponden al grupo español y más de US$1.231 millones al mexicano.

Según informó el diario El Economista, el pago de dicha exigencia dejaría sin recursos a los dos operadores para afrontar el despliegue de redes y las mejoras en el servicio de telefonía móvil, lo que representaría un riesgo para los principales jugadores del sector de las telecomunicaciones y para los ciudadanos y el servicio de la telefonía móvil del país.

Vale la pena recordar que el litigio perdido por Movistar Colombia y Claro obliga a las compañías a devolver el valor de unos activos que exceden las propias concesiones de frecuencias que recibieron hace 24 años.

Sin embargo, pese a que los intereses son comunes para las dos empresas extranjeras, cada cual emprendió estrategias diferentes. Por un lado, Telefónica pretendía agotar todas las vías de negociación a su alcance antes de acudir al Ciadi, mientras que el operador propiedad de Carlos Slim ya comunicó el asunto al organismo internacional, un extremo al que se acaba de sumar ahora la compañía presidida por José María Álvarez Pallete.

Por su parte, Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), dijo al AL en días pasados que la Dirección para la defensa jurídica internacional tendrá un equipo de abogados y tres firmas internacionales contratadas para apoyar los procesos de arbitramentos de inversión, pues cada proceso de estos tiene un costo entre 3 y US$5 millones.

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