• Natalia Arteaga

martes, 14 de octubre de 2014

El voto obligatorio que volvió a ser tema de agenda ayer en el legislativo, es tendencia en la región y de hecho, Colombia y Nicaragua, son los únicos Estados latinoamericanos que no lo han implementado de acuerdo con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (Iidh).

Según Juan Ramón Martínez, docente de derecho internacional de la Universidad del Rosario, la masiva acogida de la medida, podría deberse, en parte, a la Carta Democrática de 2001, en la que se estableció “que los Estados firmantes adquirían un compromiso de que la democracia sería el único medio para poder llegar al poder y eso se puede lograr mediante el método de elegir y ser elegido. Creo que algunos países han interpretado la premisa con cierto grado de obligatoriedad en la regla, pero aclaro que eso no es así, y cada Estado tiene la facultad de hacerlo o no”.

En Colombia, los académicos afirman no estar de acuerdo y según los expertos si la propuesta no pasó en más de 65 años que lleva rondando el legislativo, es porque no es conveniente.

Dice Carlos Andrés Echeverry, docente de derecho constitucional de la Universidad Javeriana Cali, que la Constitución de 1991 valoró el sufragio como un derecho, o sea de libre consideración para el ciudadano, e imponérselo, podría rayar, según el especialista, en lo antidemocrático. “Que la gente no vaya a votar, constituye una manifestación de inconformidad. Cuando las personas se abstienen de ir a las urnas, indica que no fueron seducidos por la propuesta de los diferentes aspirantes y quitarles esa facultad es convertir al país en un lugar que no es respetuoso de las decisiones de sus ciudadanos”.

Leonardo Acevedo, constitucionalista del Politécnico Grancolombiano, dice que el voto obligatorio ha venido teniendo una gran acogida por la importante abstención que hay en Colombia cuando se celebran elecciones. En las pasadas elecciones presidenciales de 2010 (primera vuelta) de los 29,9 millones de ciudadanos convocados a las urnas, votaron 14,6 millones de personas, lo que representa una ausencia de 51%. En la primera vuelta presidencial de 2014, el abstencionismo superó 60%, hecho que no se repetía desde hace más de 20 años. “Todas las reformas que se han presentado en ese sentido se han caído. Históricamente en el país, se ha respetado la libertad del ejercicio, e imponer una cultura obligatoria no es viable en este momento. Por otro lado, considero que no hay infraestructura para lograr controlar que 32,7 millones de ciudadanos que están habilitados para votar, acudan a las urnas”. Con lo que sí está de acuerdo el constitucionalista del Politécnico Grancolombiano es con conservar la lista cerrada para la elección de partidos, que también ocupó un espacio importante en la plenaria del Senado ayer. “Con este punto de la reforma los partidos políticos se volverían más disciplinados en sus propuestas y en su organización interna”.

En la opinión de Acevedo coincide el constitucionalista, Juan Manuel Charria, quien agrega que el conteo de votos se volvería muchísimo más sencillo para la Registraduría.

Para Héctor Andrés Valero, magister en derecho de la Universidad Icesi, la medida además de fortalecer el debate público de los partidos, también desincentivaría el clientelismo y la corrupción. “Los candidatos no comprarían votos porque nadie les va a garantizar que les favorezca a ellos, o a quienes están encabezando las listas”.

La discusión es sin afanes
Ayer el Senado retomó la discusión del proyecto de acto legislativo de la reforma del equilibrio de poderes, que tiene como eje central la eliminación de la reelección presidencial. Nuevamente la sesión se centró en la votación de impedimentos de algunos de los senadores, y se negaron los pedidos por Musa Besaile y Luis Fernando Velasco, entre otros.

El presidente del Senado, José David Name, señaló que dará todo el tiempo necesario para la discusión del proyecto, e incluso resaltó que entiende el afán del Gobierno porque salga la iniciativa, pero dejará que se debata de forma amplia.

Las opiniones

Héctor Andrés Valero
Magister en derecho de la universidad Icesi
“La lista cerrada es uno de los puntos importantes que se quieren introducir en la reforma de Equilibrio de Poderes, porque al erradicar la votación individual se evita que sucedan hechos de corrupción, como la compra de votos, que es tan frecuente”.

Juan Manuel Charria
Abogado constitucionalista
“La lista cerrada, además de fortalecer el debate público de los partidos, también desincentivaría el clientelismo y la corrupción, ya que los candidatos no comprarían votos porque nadie les va a garantizar que les favorezca a ellos o a sus compañeros”.